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El diputado y candidato del PLN, Antonio Álvarez Densati, junto al parlamentario chileno Luis Rojas Gallardo, en el foro sobre probidad legislativa realizado esta mañana en el Congreso. (Diana Méndez)
Luego de casi siete años de incumplir la orden de crear un régimen para sancionar a los diputados que cometan actos de corrupción y faltas éticas, los legisladores escucharon esta mañana la experiencia de Chile en esta materia de boca de un parlamentario de ese país.
Lo hicieron con la intención de avanzar en la reforma constitucional que incluso permitiría expulsar diputados, la cual fue exigida por la Sala IV.
La actividad, organizada por el presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti, contó con la participación del parlamentario chileno Luis Rojas Gallardo, quien habló frente a diputados y asesores legislativos del proceso para regular a los parlamentarios de su país.
Rojas Gallardo reseñó la forma en que se implementó la norma para poner límites a las acciones indebidas, luego de una discusión que inició en 1994.
En su disertación, el experto suramericano resaltó que la legislación chilena regula el lobby que se hace de parte de grupos, empresas y personas interesadas en modificaciones legales, al tiempo que reseñó que hay un fuerte control del tema de conflictos de interés de parte de los diputados de su país.
La conformación de una comisión de ética de parlamentarios es otro de los detalles que expuso el legislador.
Y en el caso más extremo, cuando se debe dar la destitución de un parlamentario por violaciones al principio de probidad, o por actos de corrupción, la decisión recae en los tribunales constitucionales, que son el equivalente a la Sala Constitucional.
Sobre este punto, Antonio Álvarez dijo que le parecía mucho más adecuado que sea un órgano externo al Congreso el que tome la decisión final sobre el retiro de credenciales de un diputado.
El foro, que se extendió por más de hora y media en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, dejó el tema en el aire, a la espera de la voluntad política de los diputados para que se ponga a discusión la reforma constitucional, que está en los últimos lugares del orden del día, por falta de voluntad política de las diferentes fracciones legislativas.
"Cuando hablamos de corrupción, inicialmente se hablaba del abuso del poder público con fines particulares; sin embargo, por el año 2000, se habló también del sector privado", agregó Rojas Gallardo.
La discusión llega luego de tres años de presentada la reforma constitucional, que apenas abre el espacio para eliminar la impunidad administrativa por actos indebidos de diputados, y en momentos en que la aprobación y modificación de la Constitución es prácticamente inviable, al menos en este periodo.
A pesar de que la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilítico en su artículo 3 define el deber de probidad, en Costa Rica ese principio no es aplicable para los diputados.
Por ello, desde el 1.° de mayo del 2014, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, presentó el proyecto 19.117 para crear el régimen sancionatorio, el cual está apenas en etapa de admisibilidad.
Al respecto, Antonio Álvarez insistió en que la discusión debe ser amplia, y en que se debe revisar con cuidado el concepto de probidad, de ahí, dijo, la importancia de escuchar experiencias como la chilena.
A favor y en contra
Sin embargo, en criterio del diputado Ottón Solís, la disucusión no necesitaba que se trajera a un experto chileno para hablar con los diputados.
"No lo quieren", dijo Solís, al señalar que hace tres años el proyecto está presentado, sin que se ponga a discusión la iniciativa.
"En el fondo no quieren la reforma. Y como excusa, traen a conferencistas para postergar la discusión y no votar el proyecto. Estamos en mora con la Sala desde hace cuatro años, porque la Sala había dado tres años de tiempo para implementarlo", dijo Solís.
En tanto, Álvarez afirmó estar de acuerdo con la iniciativa, siempre y cuando se tenga claro el marco jurídico y la aplicación del concepto de probidad que se aplicaría a los diputados.
El verdiblanco enfatizó en que si se aprueba un régimen sancionatorio sin el debido análisis, se podría poner en peligro a minorías "incómodas" dentro del plenario.
Pero, para Solís, esto es una excusa, en vista de que la reforma constitucional apenas abriría la posibilidad de regular la forma en que se procesa a un diputado por faltas éticas.
El legislador del Partido Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, se pronunció a favor de la reforma y señaló la inconveniencia de que la propuesta se siga atrasando.
"Me siento mal de que no podamos exigirnos a nosotros mismos la aplicación de un régimen sancionatorio por deber de probidad. Eso nos quita autoridad para tratar de ser más firmes en algunos casos y creo que es imperativo que el país y la Asamblea puedan aprobar esta reforma con prontitud, para tratar de mostrar con el ejemplo, que es la mejor forma de hablar, que estamos comprometidos con principios y normas que determinen la ética en que nos conducimos", dijo Redondo.
E tema es visto con recelo por parte de los jefes de fracción del Congreso. El 14 de febrero, La Nación reveló que, según una minuta de una reunión, los jefes de las respectivas bancadas rehuyeron a principios este año discutir el proyecto.
En la reunión de jefes del 12 de enero, presidida por Álvarez Desanti, seis de los nueve jefes de fracción señalaron dudas e incluso la inconveniencia de que se discuta una reforma constitucional que permita sacar a diputados corruptos de su curul.
¿Por qué se da esta discusión?
La reforma constitucional es una orden de la Sala IV, planteada en la sentencia 2010-11352 del 29 de junio del 2010, en la cual los magistrados ordenaron al Congreso reformar la Constitución Política y el Reglamento de manera que se incluya la violación al deber de probidad como causal de retiro de credenciales.
La condena se dio ante una acción presentada por la hoy exdiputada Maureen Ballestero, con la que frenó un proceso de destitución en su contra, luego de que se hiciera público que en abril del 2009 utilizó una avioneta del Ministerio de Seguridad para viajar desde el aeropuerto Juan Santamaría en Alajuela a la ciudad de Liberia, en Guanacaste, para asistir a una asamblea cantonal del PLN.
En ese momento, los magistrados determinaron que solo el plenario legislativo podía castigar a Ballestero con el retiro de credenciales, en virtud de los alcances de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, pero advirtieron de que para ello era necesaria una reforma constitucional que así lo permitiera.
¿Cómo se aprueba una reforma constitucional?
La reforma constitucional es objeto de un largo proceso legislativo, en el cual los diputados están obligados a incluir el criterio del Poder Ejecutivo para permitir su discusión.
Este es el caso de la proposición de reforma constitucional contenida en el expediente 19.117, que se encuentra en el proceso de admisión. Esto implica que los diputados deben aprobar o no que el proyecto inicie su discusión y se traslade a una comisión especial para que se rinda un dictamen en un plazo de 20 días hábiles.
Una vez dictaminado, el expediente vuelve al plenario, donde debe ser aprobado en primer debate. En caso de ser aprobado, sería remitido a consulta constitucional de forma obligatoria, donde los magistrados tienen un mes para pronunciarse.
Si el fallo es favorable, los diputados pueden aprobarlo en segundo debate. Esto correspondería apenas a su aprobación en una primera legislatura.
El siguiente paso sería que el presidente de la República anuncie, en su informe de labores del 2 de mayo, la anuencia del Poder Ejecutivo a reformar la constitución en este sentido.
Concluida esa etapa, se iniciaría la discusión en segunda legislatura, con la votación del proyecto en tres debates legislativos en el plenario. De aprobarse las tres veces en la segunda legislatura, se daría por aprobada la reforma constitucional, explicó el asesor parlamentario Edel Reales.
No obstante, el tiempo marcha en contra de este proyecto, pues si no se pasa el proceso de la primera legislatura antes del informe del 2 de mayo, es prácticamente imposible que el informe del presidente mencione la reforma legal, lo que la estancaría y la dejaría para que los diputados que inician labores en el 2018, sean los que definan su futuro.
De esto se quejó el diputado Solís, quien afirmó que lo que sucede es que no hay una verdadera voluntad de que se apruebe la reforma.
