Por: Aarón Sequeira 15 julio, 2014

Tres diputados empezaron ayer a analizar la posibilidad de destituir al magistrado de la Sala Primera Óscar González, a quien la Corte Plena encontró responsable de abuso sexual contra una jueza que era su subalterna.

Los legisladores tendrán cinco días hábiles para emitir una recomendación al plenario legislativo, compuesto por los 57 congresistas, el cual someterá el asunto a votación. En caso de ser necesario, este plazo de discusión puede ser prorrogado por otros cinco días.

La comisión legislativa está integrada por el liberacionista Antonio Álvarez Desanti, la libertaria Carmen Quesada y el frenteamplista Edgardo Araya.

El grupo empezó a trabajar ayer, luego de que el presidente del Congreso, Henry Mora, lo diera por instalado.

La posibilidad de destituir a González fue solicitada por los magistrados de la Corte Plena en mayo del 2013. Ese órgano pidió despedir al alto funcionario judicial, al concluir que cometió hechos gravísimos y que hubo violencia psicológica contra la afectada.

El miércoles pasado, las nueve fracciones de la Asamblea Legislativa aprobaron la creación de la comisión, con un plan de trabajo corto para evitar la posibilidad de que el magistrado se acoja a su pensión y el caso quede impune.

El viernes, por otra parte, la Corte Suprema de Justicia solicitó al Congreso levantar la inmunidad a ese magistrado de la Sala Primera, para que enfrente una acusación penal de la Fiscalía General por seis delitos de violación y uno de tentativa de violación en relación con el mismo caso.

El presidente legislativo confirmó que la petición fue conocida ayer y que se le dará trámite, pero advirtió de que “la prioridad” es resolver la revocatoria del nombramiento de González.

Henry Mora propondrá que el posible levantamiento de la inmunidad sea analizado por la misma comisión de diputados que estudia la destitución. Otra posibilidad es crear otro foro aparte para evaluar ese pedido.

La discusión sobre la inmunidad no tendría sentido si los diputados deciden revocar el nombramiento o si González decide jubilarse, explicó Mora.

Debido a que cualquiera de esos dos escenarios implicaría la pérdida de la inmunidad de González, el magistrado afrontaría un proceso en los estrados judiciales como cualquier ciudadano y no en la Sala III, como es usual cuando se trata de un miembro de los supremos poderes.

El magistrado Óscar González enfrenta un proceso de destitución en el Congreso y una acusación penal en el Ministerio Público. | ARCHIVO
El magistrado Óscar González enfrenta un proceso de destitución en el Congreso y una acusación penal en el Ministerio Público. | ARCHIVO

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