Los diputados aprobaron en primer debate ayer el plan de reforma al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), con el acuerdo de dejar en manos de la Sala IV los señalamientos sobre errores que podrían traerse abajo el proyecto.
El texto de ley, tendiente a liberar recursos por unos ¢250.000 millones para impulsar micros, medianas y pequeñas empresas (mipymes), fue aprobado en el primero de dos debates ayer a las 4:16 p. m.
El futuro de la iniciativa se conocerá a más tardar en un mes, cuando los magistrados de la Sala IV aclaren las dudas de los legisladores sobre la legalidad del plan.
Así quedó ratificado con el voto de 44 legisladores de los 47 presentes en el plenario. Solamente los diputados del Movimiento Libertario votaron en contra, al considerar que la propuesta promueve impuestos que pesarán sobre las operaciones de crédito.
Condicionado. Otto Guevara, jefe de los libertarios, pactó con los demás jefes de bancada el retiro de medio centenar de mociones que tenían “pegado” el proyecto, a cambio de que se aportaran las 10 firmas necesarias para enviarlo a consulta de constitucionalidad en la Sala IV.
Guevara se muestra seguro de que el texto, tal y como está, tiene defectos de forma y fondo que serían señalados por la Sala.
Guevara basa sus señalamientos en dos informes del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en los que se señalan errores en el texto de ley que podrían afectar su implementación.
¿Cuáles errores? Los dos informes del Departamento de Servicios Técnicos apuntan un trato desigual entre entidades pues libera a las microfinancieras de la supervisión que pesa sobre los bancos.
Además, según los técnicos, el texto final del proyecto modifica la elección de la entidad bancaria que administraría los fondos por prestar a los beneficiarios.
En el plan original, los bancos estatales Nacional (BN), de Costa Rica (BCR) y Bancrédito competían entre sí por la administración. Sin embargo, el texto aprobado señala una contratación directa que elimina el cartel y, por lo tanto, podría ser inconstitucional.
Tampoco se establece con claridad la personería jurídica de la entidad que crea la reforma de ley para dirigir el SBD.
Ante la evidencia, los jefes de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio, Alianza Demócrata Cristiana (ADC), Restauración Nacional (RN), Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y Renovación Costarricense (RC) acordaron someter el plan a consulta.
De hecho, los diputados aprobaron el proyecto a sabiendas de que los bancos estatales plantearon esos mismos señalamientos.
El diputado del oficialista PAC Ottón Solís minimizó los yerros y dijo que, en caso de que la Sala encuentre vicios de constitucionalidad, tendrán tiempo de subsanarlos antes de que se apruebe el proyecto en segundo debate.
Por su parte, el jefe del PLN, Juan Luis Jiménez Succar, aceptó que dejan en manos de los magistrados una decisión que corresponde a los diputados.
Sin embargo, alegó que en vista de que es un proyecto heredado de la anterior administración, tanto en su texto como en su trámite, no tenían mayor margen para variarlo. Lo contrario habría sido discutir el proyecto al ritmo de las mociones del Libertario, dijo Jiménez.
El plan estará ahora hasta por un mes en la Sala IV, mientras es revisado por los magistrados.