Diputados de 4 fracciones exigen a autobuseros entregar datos reales de pasajeros

Diputados de cuatro bancadas exigen que las empresas autobuseras entreguen sus libros contables a la Aresep, así como los datos de demanda de pasajeros en tiempo real, para garantizar una tarifa justa a los usuarios.

Ocho congresistas del PAC, seis del Frente Amplio, uno del Libertario y uno del PLN demandaron la mañana de este lunes que se implemente el cobro electrónico, una acción que consideran se ha postergado a propósito, en perjuicio de los usuarios.

Los legisladores firmaron el jueves pasado un manifiesto en el que exigen "una solución rápida al problema del conteo de demanda de pasajeros y por ende la fijación de tarifas".

Este bloque lo conforman los diputados del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero, Nidia Jiménez, Epsy Campbell, Franklin Corella, Marco Redondo, Javier Cambronero, Ottón Solís y Marvin Atencio; además de Patricia Mora, Francisco Camacho, Edgardo Araya, Suray Carrillo, Jorge Arguedas y José Ramírez, del Partido Frente Amplio (FA); Otto Guevara, del Movimiento Libertario (ML), y Juan Marín, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Este bloque de legisladores pide que las empresas entreguen también a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos "los datos en tiempo real que arrojan las barras electrónicas instaladas desde hace años en las entradas y salidas de todos los buses del país".

Ellos se enfrentan con otros que defienden la posición de los autobuseros, y que se oponen a la implementación del nuevo método de cálculo de tarifas. Alegan que el modelo actual, que ha reducido las tarifas, está siendo ruinoso para los empresarios.

Desde el 3 de marzo pasado, los legisladores afines a los empresarios enviaron una carta a la Aresep, en la que respaldaron a los autobuseros.

La nota la firman Luis Vásquez, William Alvarado, Rosibel Ramos y Jorge Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Rolando González, Ronny Monge, Juan Rafael Marín, Michael Arce, Aracelly Segura, Olivier Jiménez, Carlos Arguedas, Juan Luis Jiménez, Julio Rojas, Lorely Trejos, Danny Hailing y Marta Arauz, del PLN; Marlene Madrigal, Franklin Corella y Marco Vinicio Redondo, del PAC; así como Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense, y Carmen Quesada (diputada independiente).

Los nombres de los rojiamarillos Corella y Redondo figuran en los dos documentos, primero a favor de los transportistas y ahora respaldando el interés de los usuarios.

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Este grupo de diputados insiste en la validez de la queja de los buseros, y alegan que la metodología aprobada hace un año desconoce gastos de las empresas, como la contratación de personal de limpieza, técnicos e incluso inversiones en autobuses nuevos, según el texto que redactó el diputado Vásquez, del PUSC.

Los congresistas a favor de los autobuseros advierten que de insistir con el modelo, se pondría en riesgo el trabajo de cientos de personas, así como la estabilidad financiera de las compañías, lo que, en su criterio, podría generar un "colapso del sistema de transporte público y la consolidación de monopolios de transporte".

Sin embargo, el bloque a favor de los usuarios arenga en contra de estos argumentos.

"La Aresep lleva años estableciendo los pasajes de bus con la información que las mismas empresas de buses aportan. Hacemos un llamado a las empresas autobuseras para que en el corto plazo permitan a la Aresep contar con la información que manejan las barras electrónicas en tiempo real. Debemos establecer un mecanismo objetivo que permita contar los pasajeros", afirmó Patricia Mora, del Frente Amplio.

Los choques entre diputados y autobuseros se dan dos años después de que la Aresep aprobara un nuevo método para calcular tarifas de buses, en un proceso que ha generado fuertes reclamos de los empresarios.

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El nuevo método modificó factores ligados a la depreciación de los autobuses y su rentabilidad, y se ajustaron variables relacionadas con el personal de operación y mantenimiento de las unidades, así como la inclusión de otros costos.

Esta tarde, simpatizantes de los transportistas se manifiestaron en las afueras del Congreso, exigiendo que Aresep no aplique más rebajas a las tarifas. A ellos se les sumaron un grupo de taxistas, que reclaman por la operación de UBER en el país.

Auditoría y conteo

La lectura real sobre cuántos pasajeros utilizan el servicio es uno de los temas donde la discusión se pone más rancia.

Los legisladores denuncian que desde febrero de 2015 se firmó un convenio que pretendía crear el marco legal y la infraestructura para implementar el sistema de cobro electrónico.

El pasado 2 de febrero de 2017 se firmó otro convenio con el mismo objetivo, firmado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo de Transporte Público (CTP), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Aresep y el Banco Central de Costa Rica. Sin embargo, aún no se implementa.

"Esto es un Estado paralelo de intereses, pues el director de la División de Sistemas de Pago del Banco Central nos anuncia en los medios de comunicación que el cobro electrónico continúa estancado. Entonces nos preguntamos ¿a quiénes no les conviene que el cobro electrónico se implemente y quiénes lo continúan impidiendo?", agregó la diputada del PAC, Marcela Guerrero.

Además de exigir los datos, el bloque de diputados pidió a las empresas "que permitan a la ARESEP realizar una auditoría de sus inversiones e ingresos. La única forma de garantizar el equilibrio financiero de las empresas es determinando la relación real entre ingresos y gastos de las mismas (...). Si los autobuseros dicen tener pérdidas, entonces que abran sus estados financieros para auditarlos y conocer los ingresos y egresos reales", manifestó la congresista.

Los legisladores del bloque a favor del nuevo cálculo de tarifas advirtieron, además, de que las reglas para el nuevo sistema de pago electrónico deben ser establecidos e implementados por el Consejo de Transporte Público (CTP), y agregan que estos parámetros fueron incluidos desde el 2014 en los contratos como condiciones de renovación para las concesiones; ante la falta de este requisito y otros como los estudios de calidad, es que aún los autobuseros se mantienen con simples permisos.