Por mayoría, la Comisión legislativa de Ingreso y Gasto Público concluyó que Juan Carlos Corrales podría haber faltado al deber de probidad

Por: Natasha Cambronero 16 febrero
El gerente general del Banco Nacional, Juan Carlos Corrales.
El gerente general del Banco Nacional, Juan Carlos Corrales.

Por mayoría, los diputados de la Comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público concluyeron que el gerente general Juan Carlos Corrales merecía un castigo mayor por haber decidido retirar de la pauta publicitaria que el Banco Nacional tenía en el diario La Nación, como represalia por una serie de publicaciones críticas sobre esa entidad financiera.

“La Junta Directiva del Banco Nacional sancionó al gerente general de forma laxa y no en consonancia con la falta que cometió”, reza el informe de mayoría que aprobó este jueves la comisión.

La Directiva del BN se limitó a sancionar a Corrales con una llamada de atención por “faltar al cuidado y prudencia en el cumplimiento de sus funciones”.

Sin embargo, en criterio de los congresistas, el jerarca bancario habría incurrido en una falta al deber de probidad, es decir, que habría utilizado de forma inadecuada los recursos del Estado.

Al mismo tiempo, recomendaron a la Directiva del Nacional tomar las medidas internas necesarias para determinar si Corrales u otros funcionarios del Banco incurrieron en ese delito, el cual está tipificado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

“La actuación del gerente, más allá de una simple falta de cuidado y prudencia en el ejercicio de sus funciones, podría constituir una falta al deber de probidad, por cuanto pretendió castigar a un medio de comunicación por publicar informaciones que, a su parecer, no eran correctas, en lugar de recurrir a otras vías como podrían haber sido la solicitud de un derecho de respuesta o la publicación de campos pagados en los cuales desmintiera o aclarara lo correspondiente”, señala el informe.

Dicho documento contó con el apoyo y la firma de siete de los nueve legisladores que integran ese foro legislativo: Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana; Rolando González, del Partido Liberación Nacional (PLN); Jorge Arguedas, del Frente Amplio; Otto Guevara, del Movimiento Libertario; así como Ottón Solís y Epsy Campbell, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

“Me parece grave lo que pasó en el Banco. Tratar de extorsionar a los medios de comunicación que informan es gravísimo y me parece una burla la sanción que la Directiva recomienda para el gerente. Los directores que están tolerando esto no tienen calidad para estar en la Junta Directiva de esta institución”, aseveró Solís.

Mientras tanto, González manifestó: “La sanción fue muy acelerada y eso implicó que, eventualmente, no hayan profundizado mucho en el tema. No obstante, en materia disciplinaria una sanción cierra el tema, excepto que hayan nuevos elementos de juicio”.

El propio gerente Corrales admitió, en una entrevista con La Nación y luego en una comparecencia ante los diputados, que él decidió reducir paulatinamente la pauta publicitaria en La Nación en represaría a la publicación de varios artículos.

La ofensiva arrancó después de que un reportaje de este diario revelara el intento que llevaron a cabo los directores del BN por acaparar puestos y dietas en las juntas directivas de las empresas subsidiarias. A la postre, ellos debieron renunciar a esos cargos.

Posteriormente, generó molestia en la entidad bancaria una serie de noticias que hacían referencia a los riesgos financieros que enfrentaba el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), del cual el Nacional es socio con un 49% de las acciones.

Tampoco gustaron las publicaciones sobre la actitud asumida por el Nacional frente al caso de una directora vinculada con una empresa, cuyas cuentas cerró el Banco de Costa Rica (BCR) por movimientos sospechosos.

En sintonía con la Sala IV. El informe legislativo coincide con el fallo de la Sala Constitucional en el que los magistrados concluyeron que el Banco censuró a La Nación de forma “perversa y antidemocrática”.

De esa forma resolvieron, en octubre del 2016, un recurso de amparo que presentó el director de este medio, Armando González.

“Existió presión por parte del Gerente del Banco Nacional, Juan Carlos Corrales Salas, contra el periódico La Nación, al suspender la pauta publicitaria como represalia por las informaciones publicadas”, señala el informe legislativo.

En ese documento —que para quedar en firme debe ser aprobado en el seno del Plenario—, también se recomienda al resto de diputados aprobar el proyecto de ley que sanciona con el despido y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, al funcionario que utilice fondos del Estado para premiar o censurar medios de comunicación.

Al Poder Ejecutivo le sugieren abstenerse de utilizar fondos estatales para favorecer o amenazar a la prensa y emitir un decreto o una directriz en la que se especifiquen los parámetros en que se debe utilizar el presupuesto publicitario de las instituciones públicas.

El informe no fue firmado por los diputados Gonzalo Ramírez, del Partido Renovación Costarricense, y Johnny Leiva, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Ramírez asegura que no lo rubricó, no porque esté en contra, sino porque no ha podido analizar con detalle el documento, que eventualmente lo hará, o bien, presentará un informe de minoría.

Al consultarle sobre sus propias conclusiones y si el consideraba que hubo algo anómalo, dijo que un comentario suyo salía sobrando, pues Corrales ya había admitido lo que lo hizo.

“Como decimos nosotros los diputados: a confesión de parte, relevo de pruebas”, declaró el legislador evangélico.