Diputados de oposición amenazan con enterrar el plan del Gobierno contra el fraude fiscal, que daría herramientas a la Dirección de Tributación Directa para cobrar y ejecutar embargos de bienes y cuentas bancarias a los contribuyentes que califique como morosos, sin la necesidad de contar con la orden de un juez.
Los integrantes de la Comisión legislativa de Asuntos Hacendarios exigen a la administración de Luis Guillermo Solís un nuevo texto del Proyecto de Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, pues coinciden en que la iniciativa tal y como está redactada en la actualidad brinda herramientas desproporcionadas al Ministerio de Hacienda, para combatir el déficit de las finanzas públicas.
Incluso, en la bancada oficialista reconocen que es "inviable" aprobar esta iniciativa.
Además de la potestad que se le daría a Tributación para que ejecute cobros y embargos, sin una orden judicial, los diputados Antonio Álvarez, de Liberación Nacional (PLN); Rosibel Ramos, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Otto Guevara, del Movimiento Libertario cuestionan que los asesores tributarios puedan ser condenados a pagar parte de las deudas de los contribuyentes, si la administración considera que aconsejaron mal.
También critican la norma que establece que por "responsabilidad solidaria", los cónyuges y parientes (hasta el tercer grado de consanguinidad) de las personas morosas, como los primos y hermanos, podrían estar obligados a asumir el pago de los tributos pendientes.
Otro de los puntos donde hay oposición es al artículo que establece que el Estado debe pagar los abogados de los funcionarios de Tributación que sean demandados en el cumplimiento de sus funciones.
Los legisladores coinciden en que esa medida sería una violación al principio de igualdad, debido a que el resto de empleados públicos no tendrán ese mismo derecho y además, protegería al personal para que cometa actos abusivos, pues no deben asumir las costas de los procesos judicial.
El principal opositor es Antonio Álvarez, quien presentó más de 300 mociones a esta reforma legal que es promovida por el Gobierno, el cual estima que, con la aprobación de este proyecto, los ingresos fiscales aumentarían en ¢100.000 millones anuales, un 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB).
"Se desbordan los instrumentos para la administración tributaria y se le quitan derechos a los contribuyentes. La idea de presentar tantas mociones es obstaculizar el proyecto para que no avance y así, obligar al Ministerio de Hacienda a que se siente a negociar", dijo Álvarez.
La presidenta de Hacendarios, Rosibel Ramos, asegura que la única opción para que el plan avance es que el Poder Ejecutivo presente un nuevo texto sustituto, en el cual se excluyan los excesos que también señaló un informe del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
En su criterio, el plan debe volver a una subcomisión: "La mayoría de miembros de la comisión se oponen al proyecto, con claridad puedo decir que si el Ministerio de Hacienda no hace una propuesta de texto sustitutivo el proyecto va enfilado a ser archivado".
Otto Guevara, argumenta que la iniciativa es una violación al Estado de derecho: "No hay ninguna posibilidad de que ese texto en las condiciones en las que está redactado pueda ser aprobado. Todos los dientes abusivos que se le dan a la Administración Tributaria deben ser desechados".
Inviable. El diputado del partido de Gobierno, Acción Ciudadana (PAC), Víctor Hugo Morales, al igual que la oposición, considera que el texto actual no tiene "viabilidad" para ser aprobado y por ende, debe ser arreglado.
"Somos conscientes de que el proyecto será sometido a un escrutinio, desde el PAC debemos tener capacidad de dialogo y de enmienda. El proyecto que presentó Hacienda es el deseado, ahora debemos pasar al proyecto que se factible para su aprobación", afirmó el rojiamarillo.
El jefe de la fracción del Frente Amplio, Gerardo Vargas Varela, fue el único que salió en defensa de la iniciativa, él cree que le da a Tributación las herramientas necesarias para combatir a los grandes evasores fiscales.
"Es correcto lo que se está planteando. Por medio de la vía administrativa es más fácil cobrarle a los grandes evasores, a las grandes empresas que son las que evaden impuestos", aseguró Vargas.