Por: Esteban Mata Blanco 13 junio
Precario Triángulo de Solidadridad en Tibás. La recaudación del impuesto solidario es para financiar los programas públicos dirigidos a la dotación de vivienda digna, para personas y familias pobres y en condición de pobreza extrema, según detalla la Ley 8683. | HERBERT ARLEY/ARCHIVO
Precario Triángulo de Solidadridad en Tibás. La recaudación del impuesto solidario es para financiar los programas públicos dirigidos a la dotación de vivienda digna, para personas y familias pobres y en condición de pobreza extrema, según detalla la Ley 8683. | HERBERT ARLEY/ARCHIVO

Una disputada bolsa de ¢13.500 millones, depositada en cuentas del Banco de Costa Rica (BCR), está a dos pasos de ser trasladada al Régimen No Contributivo de la CCSS, para financiar más pensiones a adultos mayores en pobreza o en extrema pobreza.

El dinero proviene de depósitos judiciales que efectuaron personas que estuvieron involucradas en juicios, como garantías ante una eventual sentencia, pero que no reclamaron al cabo de 10 años de terminados los procesos.

El Poder Judicial utilizaba esos recursos abandonados para financiar sus pensiones, pero la Sala IV anuló esa posibilidad en el 2000, al considerar que se trata de dinero público y que la única forma de aprovecharlo es destinarlo a un fin social.

Fue por esto que, este martes, los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea aprobaron el plan de ley 20.286, que permitiría pasar los recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cual, en el 2015, debió rechazar la mitad de las solicitudes de pensiones del Régimen No Contributivo que se le hicieron; es decir, unas 8.500.

Estas jubilaciones equivalen a poco más de ¢78.000 mensuales y la CCSS invierte cerca de ¢108.000 millones en ellas.

Ahora, el plan debe pasar por primero y segundo debate en el plenario.

La propuesta de ley, planteada por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Sandra Piszk, contó con el apoyo unánime de la Comisión, apenas una semana después de conocerse que el Poder Judicial incluyó el dinero abandonado en el cálculo del dinero a su favor, a propósito de la discusión de reformas para salvar su propio sistema de pensiones.

"En el año 2000, la Defensoría de los Habitantes presentó una acción de inconstitucionalidad, porque un artículo de ley señalaba que ese dinero era del Poder Judicial. Ganamos la acción y la Sala señaló que, en el lapso de 10 años, ese dinero debía retirarse", recordó Piszk.

La verdiblanca afirmó que, en su momento, el Poder Judicial pretendía tomar este dinero para su propio régimen jubilatorio, pero que la acción de inconstitucionalidad presentada 16 años atrás dejó en tierra este intento.

Este año, la diputada Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), apuntó que los actuarios del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) dejaron claro que el Poder Judicial solicitó incluir esos recursos como "ingresos adicionales" a su fondo judicial.

Un mejor destino

Piszk sostuvo que el mejor destino que podía tener ese dinero es el Régimen No Contributivo, en vista de que es uno de los auxilios más importantes para las personas en pobreza extrema.

"Es la forma más rápida de atacar la pobreza", dijo Piszk en referencia a eserégimen, cuya población se compone en un 58% por adultos mayores, un 38% de personas con discapacidad, en estado de indigencia o con parálisis cerebral profunda.

La diputada del Frente Amplio (FA), Patricia Mora, aseveró que el avance del proyecto en comisión es un paso que procura mejorar la ayuda que reciben las personas en peor situación económica.

"Creo que es una inteligente manera de fortalecer un fondo que otorga pensiones realmente bajísimas, de miseria, para sectores muy importantes de nuestra población. El FA ha tenido presente introducir criterios de justicia y equidad, y así como abogamos por que se eliminen pensiones de lujo, promovemos que se mejoren las pensiones de los que menos tienen", dijo Mora.