El diputado independiente José Joaquín Porras intentó detener la denuncia en su contra que presentó el anterior directorio de la Asamblea Legislativa ante el Ministerio Público, por el supuesto abuso del carro del Congreso.
El informe, originado en una investigación preliminar que hizo el directorio, fue entregado al Ministerio Público para que este decida si las irregularidades detectadas en los reportes de las giras y el cobro de los viáticos puede generar responsabilidad penal.
El diputado presentó un recurso de reconsideración al actual directorio legislativo, para que detengan el caso en el Ministerio Público, pues considera que no hay razones suficientes para una investigación en la Fiscalía General.
Porras también alega que el anterior directorio solamente tomó esa acción en su contra como represalia por la ruptura con el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y las denuncias en contra de sus excompañeros que él mismo llevó al Ministerio Público.
El anterior presidente, Víctor Emilio Granados, contradice a Porras y asegura que el costo del servicio al diputado era muy alto (más de ¢800 mil), y que desde el inicio de este periodo (2010) se le dio el uso del carro durante toda la semana.
Así, Porras pedía carro y chofer entre lunes y jueves, de forma extraordinaria, por su situación de discapacidad, y los fines de semana también lo pedía, al igual que los demás congresistas, para sus giras por cantones rurales.
La Asamblea Legislativa tiene, a disposición de los legisladores, entre 12 y 14 automóviles de doble tracción, para usar de viernes a domingo de cada semana.
Porras, además de solicitar otra vez el uso de automóviles entre semana, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, alegando que en la investigación preliminar que hizo el directorio no se siguió el debido proceso ni la oportunidad de defenderse. El recurso fue rechazado.
Esta semana, el directorio estudió la nueva petición de Porras para usar el carro entre semana. La solicitud fue rechazada y se le pidió al legislador ajustarse a las normas administrativas que rigen para todos los diputados.
El fiscal general, Jorge Chavarría, confirmó que el informe se estudia en la Fiscalía Anticorrupción por las eventuales responsabilidades administrativas de los choferes, aunque descartó que por el momento se esté investigando al diputado Porras.