Juan Fernando Lara S.
El diputado Humberto Vargas Corrales, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó ayer, en la Procuraduría General de la República, una denuncia por la posible alteración de un acta correspondiente a una sesión ordinaria del Consejo de Transporte Público (CTP).
Dicha sesión corresponde al 24 de setiembre del 2014, cuando renovaron concesiones en varias rutas autobuseras del país.
Vargas aportó como prueba de la supuesta alteración, copias digitales y físicas del acta certificada y del acta que habría sido alterada.
En el acta que habría sido modificada, según Vargas, aparece que Juan Carlos Soto, representante de los autobuseros y empresario del sector, supuestamente se inhibe de votar y sale de la sala de la reunión para posteriormente volver a esta, información que, en criterio de Vargas, no se consigna en el acta original.
Por ello, el diputado solicita a la Procuraduría de la Ética Pública confiscar “de inmediato” el libro de actas del CTP y darle trámite a su denuncia.
Consultado al respecto, el director ejecutivo del CTP, Mario Zárate, descartó que existiera una alteración del acta.
“El señor diputado está muy confundido. Una cosa es el acta, una transcripción literal de la sesión y otra es el contenido del acuerdo tomado. En el acuerdo, se hace una transcripción en lo conducente; es decir, qué fue lo que se aprobó”, explicó Zárate.
Según el director ejecutivo, en el acuerdo lo que se detalla no es quiénes votaron, sino el resultado de la votación.
“La comparación que él está haciendo es de un acuerdo en papel, en poder el congresista, y una certificación en documento PDF del acta; son dos cosas diferentes”, afirmó Zárate.
En marzo, el Poder Ejecutivo ordenó investigar el nombramiento de Soto en el CTP.
Soto es propietario de Eurobús, una empresa importadora de autobuses de las marcas Scania y Volkswagen, además de que maneja varias rutas de transporte público.
Soto fue designado en el CTP desde junio del 2014.