Por: Esteban Mata Blanco 1 agosto, 2016
DIANA MÉNDEZ
DIANA MÉNDEZ

La recién votada Ley de Bienestar Animal todavía está en discusión. Aún falta una votación en el Congreso y la firma del presidente de la República para que el plan pueda entrar en vigencia. Antes, los legisladores deben enviar el expediente a consulta a la Sala IV para que determine si hay yerros que la vuelvan inviable. En medio de toda esta discusión han surgido dudas del Poder Judicial, de congresistas y de sectores de la ciudadanía que consideran excesivas o inaplicables estas reglas contra el maltrato animal. Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), defiende la propuesta y responde a algunas de las dudas expuestas.

El presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo, dice que en esta ley hay un abuso en la aplicación del derecho penal, y que las sanciones se pudieron haber solventado con multas, y no con cárcel. ¿Qué piensa de esta posición?

El Poder Legislativo ha tenido un proceso de escucha por más de dos años. Para algunos abogados y personas de la Corte, la noción tradicional del bien jurídico en materia penal se circunscribe a acciones típicas que afectan al ser humano. Nosotros fuimos contundentes en decir que aquí hay una afectación en donde el bien jurídico titulado es el ser humano porque hay lesiones emocionales y eso lo ha manifestado abiertamente la ciudadanía en sendos escenarios, y el Poder Legislativo lo que ha hecho es enviar una señal contundente para poder, en este caso, frenar la violencia, y sobre todo, en un eslabón que comienza donde lo ha señalado el Colegio de Psicólogos, con los animales.

Entonces, ¿la represión penal es en función de enviar una señal a la ciudadanía?

En función de mandar una señal de que todo tipo de violencia va a ser sancionada. Evidentemente, la sociedad se ha visto lesionada, el ser humano, en cada una de sus manifestaciones, frente a una oleada sistemática donde observamos que la violencia se manifiesta contra los animales.

Pero la vía penal, ¿no es una señal muy cara? Desde el Poder Judicial se afirma que cada uno de estos procesos cuesta alrededor de ¢6 millones.

En primer lugar, hay un filtro; primero se tiene que presentar la persona a denunciar si el animal no tiene dueño; eventualmente las organizaciones debidamente adscritas pueden asumir ese interés difuso, es decir, debe haber pruebas. Hay una primera instancia donde si hay prueba suficiente, se pasa a las siguientes etapas; la Corte ha señalado que no se van a crear nuevos tribunales. No estoy convencida de que cada caso llegue a ¢6 millones.

El magistrado Arroyo cuestiona que la ley no tiene fuente de financiamiento y añade que le preocupa que los diputados voten leyes sin crear esas fuentes, en un país en crisis fiscal.

Primero se debe precisar cuánto va a requerir el Poder Judicial. Eventualmente no estaríamos exentos de presentar una reforma (para crear fuente de financiamiento), una vez que se precise cuánto es lo que se requiere, porque ese número (¢6 millones por caso) no necesariamente es el que considero que va a proyectar. Podemos valorar si eventualmente con un canon, o incluso las mismas multas de la ley, se puede financiar. Esta es una discusión donde la sociedad pide que se abra una institucionalidad que realmente castigue esa oleada de violencia, no que la institución no pueda atenderla.

Se requerirá contratar peritos, veterinarios y oficiales, y esto preocupa al director del OIJ, Wálter Espinoza.

Hay dos salidas transitorias: una tiene que ver con la posibilidad de abrir una oferta de peritos veterinarios privados, y ver cuánto en cada caso. Otra opción es que la UNA (Universidad Nacional) podría, eventualmente, formar una alianza o un convenio para apoyar de forma decidida en un proceso de transición (de aplicación de la ley). Hay que tomar en cuenta de que por primera vez se están penando actos como las peleas de animales o el que se realicen actos sexuales con animales, aquí hay que abrir una discusión y determinar el grado de responsabilidad de la sociedad.

Hay dudas; de las más comunes, por ejemplo: ¿qué pasa cuando alguien pone una ratonera en la casa? ¿hay maltrato animal en ese acto?

No. En ese caso lo que está combatiendo es una plaga, está dentro de las excepciones de cada artículo de ley, y además para que haya maltrato se debe demostrar que se hizo con dolo e intención de hacer sufrir. En este caso, lo que legislamos no es que una persona con una plaga de ratones o cucarachas, los extermine, lo que estamos señalando es que una persona sienta placer y que, con intención, por ejemplo, agarre a machetazos a un animal.

El diputado Otto Guevara apuntaba que el plan de ley no diferencia entre animales vertebrados e invertebrados, y planteaba la duda: ¿se puede penalizar el hecho de matar insectos?

Esta es una reforma a leyes existentes, no es necesario definir el ámbito de aplicación al reino animal. Me parece que lo que estamos acotando, y en eso quiero ser insistente, es en actos de crueldad, no es un tema de si es vertebrado o invertebrado. Hay leyes existentes que abordan eso y no han sido suficientes para parar la violencia. Es ridículo que por matar a un gusano lo vayan a acusar de maltrato.

El director del OIJ afirma que de aprobarse, esta ley los pone en un predicamento. Le cito: ‘Estamos inmersos en un problema de violencia, homicidios, tráfico de personas, drogas, migrantes y ahora nos agregan una actividad más’. ¿Cómo le responde usted a esta preocupación?

Efectivamente hay una problemática social, y creo que don Wálter asume el tema con seriedad; es una tarea que debe asumir y hay que precisar cuál es el alcance de la institución para aplicar la ley. Se debe cuantificar el recurso necesario.

Entre otras observaciones también se señala que la multa por dejar cacas de mascota en la vía pública, de ¢422.000, es desproporcionada.

Así como le estamos exigiendo a la sociedad que no ejerza violencia, así también le estamos exigiendo que se responsabilice a quien tiene un animal bajo su tutela, en este caso, creo que la sociedad debe ser mucho más consciente de que al sacar a su animal, va a tener que ser responsable, y vamos a ver a los dueños de mascotas salir con la bolsita (para las cacas) como hacen otras sociedades, ¿por qué que no podemos cambiar la cultura?

El Senasa (Servicio de Salud Animal) pide ocho meses por lo menos para aplicar la nueva ley, además de más personal. ¿De dónde va a salir el recurso?

Creo que esto le corresponde al Poder Ejecutivo determinarlo. El presidente de la República hizo un listado de tareas que se hacen en ese sentido.