Revisión técnica vehicular detectó anomalías en el número de VIN de 1.620 buses el año pasado; esa irregularidad impide aprobar la inspección

Por: Rebeca Madrigal 28 mayo
Ottón Solís y Marlene Madrigal (de pie) no apoyaron a Emilia Molina el 1.º de mayo. | ADRIÁN SOTO.
Ottón Solís y Marlene Madrigal (de pie) no apoyaron a Emilia Molina el 1.º de mayo. | ADRIÁN SOTO.

La diputada Marlene Madrigal, del Partido Acción Ciudadana (PAC), le pidió al Gobierno que le perdone a un grupo de autobuseros una falta grave detectada en cientos de sus unidades durante la revisión técnica vehicular.

Durante el 2016, unos 1.620 buses presentaron alteraciones en el número de VIN, el cual sirve para identificar al vehículo.

Tal anomalía impide pasar la inspección porque puede significar que la unidad es robada, reconstruida después de sufrir una pérdida total en otro país o que se le alteró el año de fabricación.

La aparente manipulación del VIN puede implicar que alguien trató de borrar el rastro del origen.

Madrigal reconoció haber acompañado a los empresarios en su lucha para que el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) emita una directriz que baje esa falta de grave a leve.

La intervención de la diputada del PAC consta en actas de la Junta Directiva del Cosevi y en una bitácora de asistencia de una reunión en Casa Presidencial, el pasado 19 de enero.

Consultada por La Nación sobre los motivos para acompañar a los transportistas, la primera reacción de la legisladora fue cuestionar por qué no habría de hacerlo.

Más adelante, explicó que ella tiene dudas sobre el proceder de Riteve SyC compañía encargada de hacerle la revisión técnica al parque vehicular del país.

Cuando esa empresa detecta posibles irregularidades en el número de VIN, su labor es remitir los casos al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para verificar si realmente la unidad tiene una alteración.

Durante el plazo en que se revise el vehículo, este no puede circular y, por lo tanto, en el caso de los buses, los empresarios deben sacarlos de operación.

La legisladora oficialista afirmó que apoyó a autobuseros tanto de rutas nacionales como de servicios a estudiantes de todo el país.

En diciembre de 2016, ella presentó un recurso de apelación ante la Directiva del Cosevi luego de que esta decidiera no prorrogar un periodo de gracia que otorgó, entre noviembre de 2015 y noviembre de 2016, durante el cual la falta por el número de VIN se calificó como leve.

En dicha ocasión, Madrigal solicitó una audiencia, aunque no se presentó. Se limitó a enviar un oficio en el que exponía el clamor de los autobuseros.

Mientras, a la reunión de Casa Presidencial, asistió con voceros de la Asociación Nacional de Transportistas y el presidente de la Cámara de Transportes de Guanacaste, Roberto Muñoz, quien también es asesor de la empresa de autobuses La Pampa.

En dicho encuentro, en el que también participaron autoridades de Cosevi, los autobuseros pidieron al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, flexibilizar la falta a leve para poder hacer la revisión sin ningún problema.

La petición fue rechazada por Alfaro por tratarse de un "riesgo muy grande" para Cosevi, según las declaraciones suyas que constan en el acta de Junta directiva de Cosevi del pasado 23 de enero.

Por su parte, la viceministra de Transportes, Liza Castillo, manifestó en esa sesión que la decisión de no mantener la falta como leve se tomó para proteger la "integridad física".

Este medio solicitó a la diputada Madrigal detallar sus observaciones sobre la empresa Riteve y le consultó si esos cuestionamientos se convertirían en denuncias públicas. Ella respondió que por el momento no tomaría medidas y añadió que le comentó del asunto al fiscal general, Jorge Chavarría.

No es la primera vez que esta legisladora hace causa común con los autobuseros.

En marzo de este año, su firma se sumó a la de otros 20 diputados que solicitaron a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) suspender la nueva metodología de ajuste de tarifas, la cual ha resultado en rebajas para los usuarios.

Perdón peligroso

La detección de supuestas alteraciones en el número de VIN aumentó en 2016, año en el que se permitió que la falta fuera solo leve.

Según datos de Riteve, 1.620 buses mostraban indicios de manipulación de este número, o bien, que este no estaba del todo o era ilegible. Similares irregularidades se detectaron en 781 unidades en 2015.

Sin embargo, la directora ejecutiva de Cosevi, Cindy Coto, aseguró que la cantidad de autobuses con la anomalía podría ser de 200. A ese número se redujo la lista, luego de una depuración que realizó el Consejo, aseguró.

Pese a los argumentos de seguridad, el gremio sostiene que se le perdone la falta hasta que el OIJ verifique si las unidades están alteradas o, por lo contrario, que pueden continuar en circulación.

Sin embargo, Coto contó que la verificación llevará mucho tiempo a las autoridades judiciales, por lo que el Cosevi decidió pagar a la Universidad de Costa Rica (UCR) para que haga la verificación.

Para realizar esta labor, el Cosevi invertirá ¢100.000 por cada unidad.