Rolando Sánchez, de 55 años y candidato a diputado –por el segundo lugar de Puntarenas– del Partido Nueva Generación, renunció ayer a ese puesto tras conocerse una investigación en su contra por un supuesto abuso sexual en perjuicio de una niña de 10 años.
El caso fue dado a conocer por Telenoticias la noche del miércoles. A raíz de eso, el candidato presidencial de Nueva Generación, Sergio Mena, le pidió la renuncia al aspirante legislativo.
Mena dijo que le solicitó al puntarenense su salida, principalmente para no generar dudas entre los electores a raíz de la investigación.
La denuncia fue interpuesta este lunes y, a raíz de ello, Sánchez estuvo detenido. La Fiscalía de la zona lo dejó en libertad, pero con medidas cautelares para evitar contacto con la menor o sus padres.
La Nación intentó conocer la versión de Sánchez, pero rechazó dar detalles de su caso y dijo que envió una nota al Partido en la que confirma su decisión de renunciar.
En la misiva, el hoy excandidato a legislador asegura que es inocente de la acusación presentada esta semana. Además, aseguró que lo demostrará durante el proceso.
Duda. Según Mena confía en la honorabilidad de su partidario, pero, al surgir una duda, prefirió evitar problemas a dos días de las elecciones de presidente y diputados.
“Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero para la gente ya hay una sanción moral debido a la noticia”, dijo el aspirante presidencial.
Mena enfatizó que se trata de la palabra de una niña de 10 años contra la de un hombre de casi 60 años, y que en ese tipo de situaciones no hay que dudar.
Rolando Sánchez es profesor de secundaria en Golfito. Tras la renuncia del candidato, asumirá su lugar en la papeleta la aspirante por el tercer lugar, María Isabel Altamirano, vecina de Esparza.
Sánchez es el cuarto candidato en renunciar tras los casos de los libertarios Ólger Guzmán, Henry Valerín y Marvin Porras, quienes tuvieron condenas en firme.
Otros aspirantes cuestionados son Jorge Arguedas, segundo lugar del Frente Amplio en San José, quien tuvo medidas por violencia doméstica en el 2003, y Víctor Morales, tercero del PAC, por no informar al Partido de una acusación que tuvo en 1994 por un crédito gestionado de forma supuestamente irregular con una cooperativa.