EscucharCon la renuncia de la ahora exdefensora Ofelia Taitelbaum, la institución que aboga por los derechos de los ciudadanos queda acéfala.
Como consecuencia, en la Defensoría se reciben las denuncias que los pobladores interpongan, pero no se dan las recomendaciones, puesto que eso es un acto final y exclusivo del jerarca de la entidad, así lo indicó el encargado de prensa de la institución, Ahmed Tabash.
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La defensora Ofelia Taitelbaum designó la terna para el cargo de defensor adjunto, nómina en la que figura Luis Gerardo Fallas, quien ya ocupó el cargo en el periodo 2010-2014. (Archivo)
"Se recibe y se investiga cualquier denuncia sobre la prestación de servicios públicos, pero no se realiza lo más importante, que es la resolución final del caso, puesto que eso es competencia única del Defensor de los Habitantes", explicó el periodista.
Hasta que sea nombrada una nueva cabeza en la Defensoría, la entidad no podrá emitir recomendaciones sobre los casos donde se detecten indicios de violaciones de derechos de los habitantes por parte del sector público.
En cuánto el tiempo que se tardará en nombrar a un nuevo defensor eso dependerá de los diputados, ya que la Asamblea Legislativa es el órgano designado para nombrar dicho cargo.
No es la primera vez que la institución se queda sin su máxima autoridad. Entre septiembre y diciembre del año 2009 la Defensoría también se quedó sin cabeza durante cuatro meses.
En agosto del 2009, la entonces defensora Lisbeth Quesada concluyó su gestión, y su reemplazo fue nombrado hasta diciembre de ese año, la persona designidad: la diputada del Partido Liberación Nacional Ofelia Taitelbaum Yoselewich.
La hasta ahora Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, presentó la mañana de este lunes su carta de renuncia irrevocable ante la Asamblea Legislativa. Esta desición se tomó después de la presión pública y política hacia Taitelbaum por estar relacionada en un caso de supuesta suplantación de identidad y de evasión de impuestos.
La Defensoría de los Habitantes de la República es un órgano contralor que forma parte del Poder Legislativo que vela por lo derechos de los habitantes ante las anomalías o deficiencias de las instituciones públicas.
