Afirma ante el Congreso que no se puede hipotecar el futuro de las nuevas generaciones

Por: Gerardo Ruiz R. 26 junio
La defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni, durante su rendición de cuentas anual en la Asamblea Legislativa.
La defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni, durante su rendición de cuentas anual en la Asamblea Legislativa.

San José

Con "tono grave", la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, urgió este lunes a los diputados a tomar decisiones para salvar las deterioradas finanzas del Estado y a poner orden en el empleo público, a fin de no hipotecar el futuro de las próximas generaciones.

Durante su informe anual al Congreso, la defensora afirmó que la delicada situación fiscal es uno de los factores que han provocado un retroceso en el cumplimiento de los derechos humanos en Costa Rica.

"Hoy me presento ante ustedes con tono grave porque al Estado costarricense le urge tomar decisiones de gobernanza. (...) Urgen decisiones integrales en cuanto a la fiscalidad para sostener la oferta de servicios para todas las poblaciones sin distinción, sin discriminación, particularmente a las que dependen exclusivamente de la escuela pública, de la atención médica pública, del transporte público para la realización de sus derechos", declaró Solano Carboni.

Adujo que unía su voz a la de la contralora general de la República, Marta Acosta, quien hace dos semanas advirtió a los legisladores de que, de no tomarse acciones de inmediato, el país tendría que tomar medidas drásticas en un futuro cercano para paliar el déficit fiscal, que cerró en el 2016 en el equivalente a un 5,2% del producto interno bruto (PIB) y que podría alcanzar el 7% en el 2021, según Hacienda. La deuda pública, a su vez, pasaría de un 45% a un 60% del PIB.

En ese contexto, la defensora de los Habitantes citó la necesidad de que los congresistas resuelvan el desorden que existe en el pago de beneficios salariales a los empleados públicos, a través de las reformas que se tramitan en el Parlamento, y que no presentan mayores avances.

"En esta Asamblea Legislativa, a la que le restan 10 meses, corren cerca de una docena de proyectos de ley que de algún modo abordan el tema del empleo público. Es hora de decisiones muy responsables que garanticen la sostenibilidad sin hipotecar el futuro de las nuevas y futuras generaciones. La nuestra, no puede dejar una marca de inercia en la historia", remarcó la jerarca.

La imposición de un tope al pago de beneficios salariales no ha tenido el apoyo suficiente durante el presente periodo constitucional, a pesar de que desde el 2015 un bloque de diputados de oposición intentó impulsar varios proyectos para lograr ese cometido.

Gran parte del PAC, el Frente Amplio y el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís le negó el respaldo a la que se impulsaba y esta cayó en una inercia que dura hasta hoy.

Pensiones, otra luz de alerta

Montserrat Solano también llamó la atención sobre las pensiones que se pagan con cargo al presupuesto de la República y sobre la crítica situación del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Afirmó que la Mesa de Diálogo sobre las pensiones, que convocó la CCSS, no puede tener sillas vacías, en alusión a la decisión del sector patronal de levantarse de las conversaciones, en molestia por la falta de decisión del gobierno de Solís sobre si respalda o no un aumento de un punto porcentual en la cuota obrera que va al IVM.

Además, la Defensoría ha asumido una posición crítica sobre la decisión de los diputados del PLN, del PUSC y del Frente Amplio de aprobar, en la Comisión Plena Primera, un proyecto de ley que golpea al IVM y al erario al permitir que un grupo de educadores se salga del IVM y se lleve sus cotizaciones a un régimen del Magisterio Nacional (para el cual cotizaban antes de 1995) para obtener una mejor pensión, aunque el Gobierno tenga que pagar buena parte de sus jubilaciones.

Al responder una consulta del diputado Olivier Jiménez, de Liberación Nacional (PLN), la defensora reprochó que los diputados no incluyeran a su institución dentro de los entes consultados sobre los impactos del proyecto de ley.

A finales de la semana pasada, Solano respondió que no aceptará una propuesta de los propios diputados para que coordine una mesa de diálogo que se avoque a determinar cuál será el impacto real de ese plan en las finanzas del IVM y del Gobierno, ante las diferencias entre las cifras que lanzan la Junta de Pensiones del Magisterio, el Ministerio de Hacienda y la CCSS.

La defensora considera que los diputados deberían optar, en vez de un diálogo o una negociación, por un informe matemático actuarial que ofrezca certeza sobre el golpe que provocaría el traslado de educadores de un sistema de pensiones a otro.

Nidia Jiménez, diputada de Acción Ciudadana (PAC), reclamó a la defensora por su decisión de no aceptar ser mediadora, a lo que Solano le contestó que dicho papel no se justifica al no haber sido consultada sobre el fondo del proyecto, y porque el proyecto de ley fue enviado a consulta de constitucionalidad por 16 diputados durante el próximo mes, lo cual, según ella, imposibilita la participación de la institución.

Solano informó a los diputados de que la Defensoría también considera urgente tomar "acciones decididas" para ordenar el transporte público en beneficio de los usuarios y citó, como ejemplo de dicha necesidad, el hecho de que 60.000 usuarios de algunos barrios de la capital se quedaran sin posibilidades de movilizarse porque un grupo de empresarios de transporte público incumplieron con sus obligaciones.

"La Defensoría pidió sancionar a las empresas autobuseras responsables de una suspensión unilateral. La evaluación de la calidad de los servicios de transporte sigue siendo una deuda con la población, así como proyectos postergados como sectorización y cobro electrónico", lamentó la defensora, al tiempo que reiteró a los diputados la opinión de la Defensoría favorable al cierre del Consejo de Transporte Público (CTP), en cuya junta los autobuseros tienen voz y voto.

Una buena parte del informe de la defensora y de las consultas que los diputados le hicieron fue acaparada por su llamado a aprobar e implementar políticas de igualdad de género a todo nivel.

Solano les pidió a los diputados aprobar en segundo debate el proyecto de ley con el expediente N°. 19.010, para aplicar el principio de paridad de género vertical y horizontal, y para contar con políticas de género en los partidos políticos.

Karla Prendas, jefa de fracción de Liberación Nacional (PLN), cuestionó a la defensora luego de que ella presentara su informe: "Es muy fácil asumir una posición crítica sin proponer soluciones, lo cual ha hecho la señora defensora en los temas fiscales, de empleo público y de pensiones".

El libertario Otto Guevara, en tanto, pidió más acción de la defensora en temas como el empleo público. "No me explico por qué la Defensoría no ha creado un equipo de su personal que se dedique a presentar acciones de inconstitucionalidad contra las convenciones colectivas y otras normas que considere abusivas en el empleo público, tal y como lo ha hecho la Contraloría".

El tema de paridad de género, que genera fricciones en el Congreso, también movió a Luis Vásquez a oponerse al llamado de Montserrat Solano: "Hay un error conceptual cuando la Defensoría pretende defender prácticas afirmativas de género con la paridad. (...) El proyecto de paridad horizontal en las alcaldías, en realidad limitará la participación política de las mujeres. No tengo claridad de porqué la Defensoría valora positivamente ese proyecto. Más bien limitará la participación de la mujeres en partidos que han demostrado estar abiertos ya a una mayor participación de las mujeres".

Durante el último año, la Defensoría recibió 22.887 solicitudes de intervención. La entidad informó de que quienes acuden con mayor frecuencia en busca de apoyo para defender sus derechos son las mujeres, personas de zonas rurales y urbano marginales. El mayor porcentaje de solicitudes de ayuda a la Defensoría provienen de habitantes de San José (38%).