Defensa Pública critica plan para agilizar juicios

La Defensa Pública del Poder Judicial critica el avance de dos planes de ley en el Congreso para agilizar juicios, porque no se menciona en ellos de dónde saldrán los cerca de ¢15.000 millones necesarios para financiar las responsabilidades que implicaría su aprobación.

Se trata del Código Procesal Agrario y del Código Procesal Familiar, que tras un acuerdo de jefes de fracción en la Asamblea, cuentan con apoyo para ser votados en primer debate.

Ambas propuestas plantean un cambio en el proceso de los juicios en ambas materias, para que, en lugar de exposiciones escritas en los alegatos y demandas, las partes puedan plantear sus posiciones de forma oral y frente a un juez.

Dos semanas atrás, el presidente del Directorio legislativo, y diputado por el Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez, reveló que un acuerdo de jefes de fracción permitiría que los proyectos de código procesal de Familia (expediente 19.455 ) y Agrario (15.887) cuenten con el apoyo político necesario para ser votados.

Ante la información, la Defensa Pública activó las alertas, en vista de que los planes de ley establecen la obligatoriedad del Estado de proporcionar un defensor público a las personas que no lo puedan costear.

Abogado. El facilitar un abogado a una de las partes ya fue aprobado por el Congreso para los pleitos entre trabajadores y patronos, mediante la aplicación de la oralidad incluida en el Código Procesal Laboral, que entra a regir a mediados del próximo año.

El 16 de julio pasado, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, dijo estar preocupada de que los Poderes Ejecutivo y Legislativo acusen al Judicial por el aumento de su presupuesto para el 2017, esto a causa de la solicitud de recursos para las nuevas normas.

En esta ocasión, pese a que los proyectos fueron impulsados por las magistradas Carmen Escoto y Eva Camacho, el tema económico vuelve a ser problema.

“Creemos que la institución tiene el conocimiento y la responsabilidad para asumir este enorme reto, pero requerimos que se aseguren los recursos para cumplir con el mandato legal”, señaló Muñoz, al tiempo que lamentó que no se incluyera una fuente de recursos para ambos planes.

Esto, a criterio de Muñoz, deja a la institucionalidad del Poder Judicial sin capacidad de respuesta ante los requerimientos de recursos físicos y técnicos, como abogados, oficinas y estrados judiciales, cuyo costo no está bien cubierto en los proyectos de ley.

Al respecto, el diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, opinó que es prudente ver los proyectos con detenimiento, ya que en el pasado, desde la misma Corte, se ha criticado al Congreso por aprobar leyes sin contenido presupuestario para echarlas a andar.

“Efectivamente la Defensa Pública nos hizo llegar un documento donde señala que en el caso del procesal de Familia requeriría unos ¢12.000 millones adicionales, y en el Agrario, casi ¢4.000 millones”, dijo Guevara.

“Esto significa una gran reorganización para el Poder Judicial en un plazo muy corto”, añadió.

De acuerdo con el plan de ley que está en el plenario legislativo, la Defensa Pública debería otorgar abogados tanto para los demandados como para la parte demandante, lo que “podría ser muy complicado. Eso nos ha llevado a llamar la atención sobre el tema”, recalcó Guevara.

Esta modalidad también se aplica en juicios por delitos acusados en flagrancia.

El diputado de Renovación Costarricense Gonzalo Ramírez aseguró que van a trabajar los proyectos para sacarlos tal y como se acordó por los jefes de fracción dos semanas atrás, pero antes deben afinar la punta al lápiz para garantizar los recursos.