La Asamblea Legislativa se enfila hacia un fuerte choque entre dos bloques, en torno a la crisis fiscal y la solución que plantea cada uno de esos frentes.
El primero, el de la oposición, se dejó por segundo año seguido el control del Congreso, esta vez en manos del Partido Liberación Nacional (PLN) y con una agenda antiimpuestos exigida por la Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario.
El segundo bloque se forjó el 1.º de mayo, como un grupo progresista que se opone, tal como anunciaron ayer el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Frente Amplio a las iniciativas que con la intención de recortar el gasto público, toquen los salarios de empleados públicos.
Este lunes, luego del informe del presidente Luis Guillermo Solís, el sector opositor reaccionó con repudio a la intensidad con que el mandatario pide acciones contra la crisis fiscal.
Solís, en su discurso, afirmó que este gobierno mira venir esa urgencia fiscal y, añadió el mandatario, también le tocará a su sucesor en el Poder Ejecutivo, a partir del 2018.
La jefa liberacionista, Maureen Clarke, insistió en no sentarse a la mesa para hablar de impuestos hasta que no se reestructure el gasto público.
“Que le pongan ellos verdadera velocidad y apoyo a la aprobación de las leyes sobre la contención del gasto”, dijo Clarke.
El libertario Otto Guevara aduce que el presidente está obsesionado con los impuestos y que lo reflejó en su mensaje al Parlamento, sobre las acciones acometidas por la Administración Solís Rivera en el segundo año de mandato.
“Retamos al presidente para que el PAC ponga los votos para todos los proyectos sobre gasto”, insistió Guevara.
La agenda firmada por los siete partidos (PLN, PUSC, ML, Renovación Costarricense, Restauración Nacional, Alianza Demócrata Cristiana y Accesibilidad Sin Exclusión) establece que solo se hablará de nuevos tributos cuando se aprueben, en primer debate, los proyectos sobre recorte a los salarios públicos y a las pensiones de lujo.
Gerardo Vargas Rojas, nuevo jefe del PUSC, arguye que Luis Guillermo Solís se “autofelicita con su discurso” por acciones que no pasan gracias a él.
En cuanto al bloque progresista, tiene firmas de 11 legisladores del PAC (menos Ottón Solís y Epsy Campbell, que no apoyaron a Emilia Molina al Directorio), nueve del Frente Amplio y a la independiente Carmen Quesada.
La principal premisa de este grupo es oponerse a todo lo que huela a intento de “desmantelar el Estado social”, dijo Henry Mora, del Partido gobernante.
Edgardo Araya, jefe del FA, compartió la preocupación de Solís sobre la situación fiscal y la necesidad de “poner a pagar impuestos a los tagarotes”.