Por: Esteban Oviedo 19 junio
En mayo de 2013, la Policía Judicial allanó en Santa Ana la vivienda de Arthur Budovsky Belanchuk, autor del principal caso de lavado que se ha hecho desde Costa Rica. El ucraniano nacionalizado costarricense lo hizo a través de la compañía Liberty Reserve. | OIJ/ARCHIVO.
En mayo de 2013, la Policía Judicial allanó en Santa Ana la vivienda de Arthur Budovsky Belanchuk, autor del principal caso de lavado que se ha hecho desde Costa Rica. El ucraniano nacionalizado costarricense lo hizo a través de la compañía Liberty Reserve. | OIJ/ARCHIVO.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decide esta semana si incluye o no a Costa Rica en la lista gris de países que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo.

La GAFI celebra una reunión en Valencia, España, en la que se espera dé a conocer su dictamen sobre varios países. A la cita viajaron el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro; y el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Román Chavarría.

Si la GAFI considera que los esfuerzos de Costa Rica han sido insuficientes y lo incluye en la lista gris, los primeros afectados serían los bancos, puesto que perderían sus corresponsalías bancarias en el exterior. Al sector bancario le sería más difícil acceder a financiamiento en el extranjero y, en consecuencia, podrían subir las tasas de interés internamente.

También, resultarían perjudicados sectores como el importador y el turístico.

Actualmente, Costa Rica no está en la lista gris, pero una evaluación ordenada por la GAFI en el 2015 detectó debilidades que debían ser corregidas.

Para evitar entrar en este grupo de países no cooperantes, el gobierno de Luis Guillermo Solís solicitó a la GAFI que incluyera en la evaluación las medidas de más reciente aprobación, como la promulgación de la ley que ataca el lavado de dinero en actividades no financieras. Tal es el caso de casinos, contadores, notarios y joyerías.

Ese proyecto fue aprobado en mayo pasado.

Anteriormente, en julio del 2016, se había aprobado la ley que crea el delito de financiamiento al terrorismo y que lo castiga con una pena de hasta 15 años de cárcel.

La GAFI es un ente intergubernamental creado en 1989 por los miembros del G8. Su mandato es promover medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas, mediante la emisión de 40 recomendaciones internacionales. Cuenta con 36 países miembros y ocho grupos regionales como organismos asociados.

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