Por: Álvaro Murillo 28 noviembre, 2015
El 3 de setiembre, Solís pidió reconocer avances en FIV. | ARCHIVO
El 3 de setiembre, Solís pidió reconocer avances en FIV. | ARCHIVO

Costa Rica cumple, hoy sábado, tres años de incumplir el derecho internacional al mantenerse sin obedecer la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en 2012 sobre la posibilidad de aplicar la fertilización in vitro (FIV) en territorio tico.

Después de un debate político complejo, de argumentos religiosos y jurídicos, de alegatos desde el feminismo y la bioética, el país llega hoy a su tercer cumpleaños de incumplimiento.

Sigue prohibida la FIV y hoy son tres años mayores las mujeres que habían acudido al derecho internacional para pedir legalizar esa técnica. Han perdido la oportunidad cada uno de los 1.095 días desde que el Estado costarricense fue condenado, como dijo ayer el nuevo presidente de la Corte Interamericana, Roberto Caldas.

“Es triste. Yo no participé del conocimiento de esta causa. Usted no sabe mi posición sobre este tema, pero todas las decisiones de la Corte, todas, tienen que ser cumplidas”, dijo el nuevo presidente de la Corte en una entrevista ayer.

Caldas contó que en febrero la Corte organizará una conferencia internacional bajo el lema San José de Costa Rica, capital de los derechos humanos. Comenzará el 15 de ese mes y cree deseable que para ese momento “Costa Rica pueda para tener el cumplimiento integral de la sentencia”.

Eso, sin embargo, parece difícil. La Asamblea Legislativa es una mezcla de posiciones distintas, el Gobierno carece de respaldo total al decreto de Luis Guillermo Solís para legalizar la FIV y la Sala Constitucional, que en el año 2000 prohibió esa técnica, estudia un recurso de apelación contra el documento emitido por Solís.

El fallo exige la reactivación aquí de la práctica de esa técnica médica para lograr embarazos en mujeres infértiles o sus parejas. También, se establece la posibilidad de que ese procedimiento se realice en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuya presidenta, María del Rocío Sáenz, está en contra del decreto de Solís.