Por: Natasha Cambronero, Aarón Sequeira 17 diciembre, 2015
En 2011, Costa Rica inició la construcción de la trocha fronteriza con Nicaragua, que tiene una extensión de 159,7 kilómetros. | CARLOS HERNÁNDEZ
En 2011, Costa Rica inició la construcción de la trocha fronteriza con Nicaragua, que tiene una extensión de 159,7 kilómetros. | CARLOS HERNÁNDEZ

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) descartó, este miércoles, que la construcción de la ruta 1856 causara “un daño importante” en el río San Juan.

El tribunal, con sede en La Haya, Holanda, también rechazó una violación de Costa Rica a la soberanía nicaragüense.

Según la CIJ, el gobierno de Daniel Ortega no aportó pruebas para demostrar un efecto negativo en el cauce del San Juan, que haya afectado su navegación. “La Corte considera que el alegato de Nicaragua no tiene base. El río contiene sedimentos en grandes cantidades y de forma natural”, dijo el presidente del tribunal, Ronny Abraham, durante la lectura de la sentencia, la cual es inapelable y de acatamiento obligatorio.

De acuerdo con el análisis de los jueces, los sedimentos lanzados al río por la construcción de la trocha significan solo el 2% de los materiales que se acumulan en el cauce, los cuales, según ambas naciones, van de 12.600.000 y 13.700.000 de toneladas por año.

La Haya también desestimó la solicitud de Nicaragua de obligar a Costa Rica a presentar estudios de impacto ambiental antes de continuar con los trabajos de construcción de la trocha, de 160 km, de los cuales, 120 km corren junto al San Juan. Esta obra la inició el gobierno de Laura Chinchilla, al alegar razones de seguridad ante el conflicto con Nicaragua, pero también permitió acceso a comunidades fronterizas, históricamente incomunicadas.

Indemnización. Sin embargo, los jueces reprendieron al Gobierno tico por no realizar estudios de impacto ambiental, antes de iniciar los trabajos viales, por lo cual el país deberá atender ese requisito para otra obra posterior.

Ante el rechazo de las peticiones de Nicaragua, Costa Rica no tendrá que pagar una indemnización. Tampoco está en la obligación de informar a esa nación sobre trabajos futuros en ese camino o de cualquier otra obra. Colaboró Gerardo Ruiz