En el Congreso y el Poder Judicial ganan entre 8% y 22% más de sueldo al mes

Por: Natasha Cambronero 15 septiembre, 2015
Todo el personal del Poder Judicial recibe al mes un pago extra “para compensar la pérdida real del valor adquisitivo” del salario que reciben por el costo de vida. Ese plus salarial oscila entre el 11% y el 22% del sueldo básico. | ARCHIVO/CARLOS GONZÁLEZ
Todo el personal del Poder Judicial recibe al mes un pago extra “para compensar la pérdida real del valor adquisitivo” del salario que reciben por el costo de vida. Ese plus salarial oscila entre el 11% y el 22% del sueldo básico. | ARCHIVO/CARLOS GONZÁLEZ

¿Tienen los funcionarios del Poder Ejecutivo alguna diferencia con sus pares de los poderes Legislativo y Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones?

Si de reconocimiento salarial se trata, la respuesta es sí, pues los últimos reciben un beneficio económico especial solo por trabajar en esas instituciones, algo que no existe para los empleados de los ministerios.

Sin la necesidad de cumplir ningún requisito adicional y solo por trabajar en el Congreso, a los funcionarios se les paga el denominado “incentivo legislativo”, el cual eleva entre un 8% y un 22% el salario mensual de todos los funcionarios.

Por ejemplo, el auditor interno recibe, adicional a su sueldo básico de ¢1,1 millones, otros ¢141.000, al mes.

Al final, ese empleado, tras 20 años de trabajo, puede devengar ¢2,7 millones mensuales, incluidos esos dos rubros, más la dedicación exclusiva y las anualidades, y sin contar la retribución de otros beneficios como el que se paga por carrera profesional.

De esa forma se amplía, aún más, la brecha salarial con los empleados del Gobierno, ya que ese sueldo es un 22% superior al que recibe una persona en un cargo similar en el Ministerio de la Presidencia, unos ¢2,2 millones.

Según Hugo Cascante, director de Recursos Humanos de la Asamblea, en su momento, ese incentivo solo se contempló como una forma de hacerle un “pago adicional a los funcionarios”.

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“El TSE y otras instituciones ya pagaban un incentivo similar a su personal”, alegó Cascante.

Competitividad. En la Corte ese beneficio se conoce como índice de competitividad salarial y oscila entre el 11% y el 22% del salario base. El más alto lo percibe un magistrado y llega a ¢608.000.

Se les “retribuye a todos los servidores judiciales para compensar la pérdida real del valor adquisitivo por costo de vida”, justificó la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.

Con ese beneficio, en esa entidad, un profesional 1, con licenciatura gana ¢1,5 millones mensuales, mientras que en un ministerio el salario sería de ¢1,1 millones; es decir, un 35% menos.

En el TSE la brecha salarial se amplía más todavía. Un funcionario en un cargo similar puede devengar ¢1,6 millones, al mes.

Esa diferencia responde, en gran medida al pago extra que recibe el personal electoral “por responsabilidad en el ejercicio de la función electoral” . Un incentivo que varía entre el 10% el 30% mientras más alto sea el rango.

En el TSE el depósito adicional para un director general ronda los ¢372.000 y para un médico ¢171.000. El Tribunal, además, paga a sus letrados y al asesor político otro beneficio del 26% del salario como medida para competir con sueldos del Poder Judicial.