No podrían ser intervenidas ni sancionadas ante riesgos económicos

Por: Natasha Cambronero 5 noviembre, 2015
Víctor Morales Zapata, del PAC y Aracelly Segura, del PLN, son dos de los 19 diputados que impulsan la reforma al BCCR. | MELISSA FERNÁNDEZ
Víctor Morales Zapata, del PAC y Aracelly Segura, del PLN, son dos de los 19 diputados que impulsan la reforma al BCCR. | MELISSA FERNÁNDEZ

Un grupo de 19 de los 57 diputados impulsa un proyecto de ley para liberar a un sector de las cooperativas de ahorro y crédito de la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Los legisladores pretenden eximir de controles a las cooperativas que operan en instituciones públicas y que tengan activos por menos de ¢20.000 millones. También se librarían aquellas de base cerrada; es decir, donde la afiliación es exclusiva para un nicho específico y no cualquiera puede asociarse.

El cambio se haría con una reforma al artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central (BCCR), el cual hoy permite a la Sugef proteger el dinero que los ahorrantes depositan en las cooperativas y que estas colocan en préstamos.

Con el proyecto, esa intermediación financiera quedaría fuera del radar de la Superintendencia, de manera que ya no podría intervenir ante eventuales problemas económicos.

La iniciativa lleva la firma de congresistas de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario y Frente Amplio (FA); esta ya fue avalada, por unanimidad, en la Comisión de Economía Social Solidaria y está lista para su aprobación final.

La intención es que la labor de fiscalización se le recargue al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), que ya realiza esa función, pero solo con las cooperativas con activos inferiores a los ¢1.211 millones.

Según uno de los proponentes, el diputado del PAC, Víctor Morales Zapata, el objetivo de la propuesta es ayudar a las cooperativas institucionales con menos de 1.000 asociados, pues los costos de supervisión resultan muy caros y, en ocasiones, esta situación produce que se tengan que fusionar con otras de mayor tamaño para no desaparecer.

“Las pequeñas cooperativas requieren de una supervisión diferenciada que sea menos costosa; eso es lo que busca el proyecto“, que fue aprobado en comisión por unanimidad”, declaró.

En la actualidad, el Infocoop supervisa 40 cooperativas y la Sugef otras 25, las más grandes. De ellas, al menos cinco cumplirían con los requisitos para gozar de una liberación de los controles.

Tal sería el caso de las cooperativas de ahorro y crédito de la Universidad Nacional (UNA), del Poder Judicial, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), de la Contraloría General de la República y del Banco Popular.

En contra. Sin embargo, el Infocoop alega carecer de las herramientas para asumir esa tarea, bajo el argumento de que no dispone de la legislación necesaria para emitir sanciones u ordenar la intervención de una cooperativa, si surgen problemas, lo cual pondría en riesgo el dinero de los ahorrantes.

Un ejemplo fue lo ocurrido con Coopeaserrí, que fue intervenida para proteger a los ahorrantes por solicitud de la Sugef, luego de que esta detectara un riesgo en su solvencia financiera, incumplimiento en el índice de suficiencia patrimonial y una reducción del 100% en su patrimonio .

La asesoría técnica y jurídica del Infocoop también aduce falta de recursos humanos y financieros para asumir la carga extra.

El director ejecutivo interno del Infocoop, Rónald Fonseca, consideró que primero se debe promover otra reforma para fortalecer la institución.

“Las áreas técnicas y jurídicas señalan que es necesario ampliar y aclarar algunos aspectos del proyecto, tal y como está no podemos apoyarlo”, dijo Vargas, quien precisó que hasta hoy, la junta directiva tomará una posición institucional sobre el tema.

El Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) se opone con mayor ahínco a esta iniciativa.

El secretario ejecutivo, Freddy González, alegó que dicho plan generaría una situación “perversa”, porque serían los mismos cooperativistas quienes se supervisen unos a otros.

“El Movimiento Cooperativo es quien nombra en el Infocoop; no es prudente, se estaría siendo juez y parte. Nosotros abogamos por una supervisión diferenciada entre grandes y pequeñas, pero siempre en manos de la Sugef, un órgano especializado e independiente”, enfatizó González.

La Superintendencia se abstuvo de emitir criterio ante una consulta de los diputados, y al cierre de esta edición, no respondió las preguntas enviadas por este medio, vía correo electrónico.