Contratos del Estado no necesitarían el refrendo de la Contraloría

Una iniciativa legal que se tramita en el Congreso permitirá que los contratos del Estado ya no requieran del refrendo de la Contraloría General de la República (CGR).

Se trata del proyecto de ley 20.202, Ley sobre el refrendo de las contrataciones de la administración pública, iniciativa impulsada por la propia entidad contralora, con el fin de agilizar el proceso de aprobación de contratos y de fortalecer la fiscalización posterior.

La propuesta avanzó este martes, en el plenario, donde 38 legisladores aprobaron una moción de dispensa de trámites, lo que implica que el expediente legislativo no tendrá que pasar por una comisión dictaminadora, sino que las mociones de fondo sobre el proyecto de ley se debatirán directamente en el plenario.

Tal como lo establece la propuesta de reforma legal, a partir de la entrada en vigencia de la iniciativa, ya no sería una responsabilidad de la Contraloría cumplir con el trámite de refrendo, sino que esa función pasaría a realizarla la dirección jurídica de la institución respectiva, o un departamento similar.

De acuerdo con el ente contralor, actualmente el refrendo funciona como una revisión del cumplimiento de los requisitos legales de un contrato, proceso en el cual muchas veces se dan nulidades y se utiliza, principalmente, para traerse abajo las contrataciones.

“El refrendo es enfocado por algunos sectores como un trámite que permite analizar, a partir de cero, todos los actos de la administración, para evitar la eficacia del contrato administrativo, sin parar mientes en el costo social de la desatención de las necesidades públicas”, explica la entidad en la justificación de la iniciativa.

A criterio de la Contraloría, el refrendo es una etapa en la que solo resta la revisión del cumplimiento de los aspectos enumerados en el Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública, revisión que por requisito legal ya ha tenido que hacer previamente la institución respectiva.

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“No en pocas oportunidades el incumplimiento de aspectos sencillos representa requerimientos de información, que son atendidos bajo esquemas verticales de las administraciones, consumiendo amplias cantidades de tiempo del trámite e impactando la atención oportuna”, explica la Contraloría en la exposición de motivos de la iniciativa.

La reforma legal no significaría que el refrendo deje de ser un requisito para que se hagan las contrataciones en el Estado, sino que implicaría una mayor responsabilidad a lo interno de las instituciones, que serán las que deban revisar que se haya dado el respectivo cumplimiento de los requisitos del contrato.

“El otorgamiento del refrendo no es una garantía de que la Administración definió bien el objeto contractual, ni de que el precio es razonable, ni tampoco que no existirán problemas en la ejecución contractual”, asegura la entidad contralora.

En principio, este expediente 20.202 es uno de los que está en la agenda de iniciativas para por tramitar antes de empezar la discusión de los impuestos en la Asamblea Legislativa.

Según el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, es importante aplicar la dispensa de trámites porque eso lleva un proyecto sin dictamen directamente al plenario. “Esa iniciativa permitirá que la Contraloría dedique más tiempo a la fiscalización de la hacienda pública y no a trámites formales”, añadió Mora.

Aparte de este plan, el viceministro añadió que es un avance en la agenda del Gobierno y dijo que se une al dictamen del proyecto para establecer la responsabilidad fiscal en la Constitución, dado el jueves pasado, y al eventual avance de otro proyecto relacionado con la Contraloría, a finales de esta semana.

“Esperamos avanzar poco a poco en todos (incluyendo el de fortalecimiento de las finanzas públicas), estamos alegres y agradecidos por estos pasos hacia delante”, comentó el viceministro.