De las 41.027 denuncias que ingresaron al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en el 2012, por maltrato o vulneración de los derechos de las personas menores de edad, la entidad solo atendió 28.877 casos y dejó de cubrir unas 12.000.
Además, de las 13.425 quejas presentadas entre enero y junio de este año, en alguna de las oficinas regionales de la institución, a junio quedaban sin atender 4.104.
Bajo ese lente, la Contraloría General de la República (CGR) determinó que la atención de denuncias recibidas en las oficinas locales (del PANI) sobre niños, niñas y adolescentes que presuntamente se encuentran en riesgo, o a los que sus derechos les han sido vulnerados, "no es suficiente ni oportuna".
Esa es una de las conclusiones que detalla la Contraloría en el informe de fiscalización DFOE-SOC-IF-13-2013, realizado por el Área de Servicios Sociales para analizar la respuesta institucional del PANI en la promoción de los derechos de las personas menores de edad (PME).
También la auditoría buscaba detectar las situaciones de riesgo y la atención oportuna a casos de vulneración de derechos a las que se ve expuesta esa población.
La CGR, además, halló debilidades en los procesos de atención de las PME que se encuentran bajo la protección de albergues institucionales, organizaciones no gubernamentales y hogares solidarios, subvencionados o no.
Según el informe, tras la revisión de 140 expedientes de PME que tenían medidas de protección de albergue temporal o cuido provisional, se determinó un faltante de documentos que evidenciaran la elaboración de planes de intervención sobre la atención requerida por cada menor.
Finalmente, el ente contralor detalla que el PANI sigue sin consolidar un sistema de información para la gestión integral de la atención de menores y debe fortalecer las acciones orientadas a promover los derechos de las PME.
Posición del PANI. A través de un oficio remitido por la oficina de prensa, el PANI detalló que la desatención a las denuncias se debe a factores como la falta de recurso humano, de vehículos, y de acceso a ciertas comunidades (como territorios indígenas), así como a la limitada coordinación interinstitucional y a la información incompleta de las denuncias.
Según la entidad, se han realizado "reiteradas solicitudes a la Secretaria de la Autoridad Presupuestaria para que se cumpla con el 7% de la renta como corresponde por ley y así aumentar el presupuesto institucional".
La Contraloría detalló que durante el 2012 el PANI percibió ingresos por ¢32.676 millones, de los cuales ejecutó ¢26.480 en programa de derechos de los niños (¢20.729 millones) y en programa de actividades de apoyo (¢5.751 millones).
El PANI añadió que dentro de las acciones que emprenden están la solicitud de crear 42 plazas nuevas ante esa Secretaria, las cuales ya fueron autorizadas y "requieren 245 tías para la atención directa de los niños, niñas y adolescentes".
La institución también ha estimado necesitar 250 plazas nuevas para profesionales.