Investigación halló duplicidades y descoordinación entre 10 instituciones

Por: Sofía Chinchilla C. 7 septiembre, 2016
Adultos mayores indigentes se recuperan en hogar de ancianos en Tirrases de Curridabat.
Adultos mayores indigentes se recuperan en hogar de ancianos en Tirrases de Curridabat.

Las instituciones que entregan ayudas a adultos mayores en condición de pobreza carecen de la coordinación necesaria para evitar duplicidades en la asignación de recursos ni cuentan con una estrategia unificada para atender a esta población.

A esa conclusión llegó la Contraloría General de la República (CGR), tras evaluar los programas que brindan algún tipo de apoyo a los ciudadanos de oro del país, según informó la entidad en un comunicado de prensa.

En el estudio, el ente contralor señala que el financiamiento de hogares y centros diurnos está a cargo de 10 instituciones y que "cada una transfiere por sí sola a los beneficiarios sin visión de conjunto".

Entre ellas figuran el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), la Junta de Protección Social (JPS), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Ministerio de Trabajo y el Régimen No Contributivo de pensiones (RNC).

Durante el 2015, el Estado destinó ¢94.846 millones para apoyar a ancianos de escasos recursos.

De acuerdo con la Contraloría, la Comisión Técnica del Protocolo de Coordinación, la cual vigila la atención a la población adulta mayor, no analiza la distribución de esas ayudas, ni tampoco ha sistematizado controles para fiscalizar la entrega de esos fondos.

Como resultado, sostiene, varios programas atienden las mismas necesidades, por lo que una persona puede recibir dos beneficios al mismo tiempo.

Para Zulema Villalta, presidenta ejecutiva del Conapam, no es cierto que las instituciones duplican los apoyos, sino que las ayudas de distintas entidades se suman para dar abasto con las necesidades de los ancianos en abandono y en pobreza: "No podemos atropellar derecho del adulto mayor pensando que con los ¢78.000 que recibe al mes del RNC puede resolver sus necesidades".

La jerarca reconoció que, por ley, algunas organizaciones reciben ayudas que el Conapam no puede fiscalizar.

Sin embargo, explicó que para mejorar el control, está coordinando con la JPS para que sea una misma comisión la que vigile el uso de los dineros provenientes de ambas entidades.

El ente contralor, además, halló que el Conapam no dispone de estudios que indiquen las localidades donde residen los ancianos en situación de pobreza, así como la carencia de una estrategia para la atención actual y futura de la demanda de ayudas.

Villalta, por su parte, considera que el Gobierno ha logrado desarrollar sistemas que identifican con precisión la ubicación de quienes necesitan asistencia, como el programa Puente al Desarrollo y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).

Actualmente, en el país hay 355.637 adultos mayores, quienes representan al 7,4% de la población. Se estima que para el 2050 ese segmento crecerá a un 20,7% de los habitantes.