Por: Vanessa Loaiza N., Esteban Mata Blanco 24 abril, 2014

La Contraloría General de la República (CGR) inhabilitó al diputado socialcristiano Wálter Céspedes y al presidente ejecutivo del Incofer, Miguel Carabaguíaz, para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de seis años. La decisión se tomó por considerarlos responsables de traspasar propiedades calificadas como patrimonio natural del Estado.

La sanción también aplica para Danilo Elizondo Cerdas y el exministro de Agricultura Rodolfo Coto Pacheco. Los hechos por los que fueron investigados se remontan al 2004 y 2005 cuando los cuatro eran miembros de la junta directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), hoy Instituto de Desarrollo Rural (INDER).

Miguel Carabaguíaz presentó un recurso de apelación en subsidio que fue rechazado por la Contraloría.
Miguel Carabaguíaz presentó un recurso de apelación en subsidio que fue rechazado por la Contraloría.

La Contraloría abrió un procedimiento administrativo para estas cuatro personas en julio del 2013, luego de que en sede contenciosa se anularan cinco traspasos de "tierras carentes de vocación agrícola" y que formaban parte del patrimonio natural del Estado, porque contenían bosque. Por esas características no debieron salir del dominio público.

Mediante la resolución PA-22-2013 de las diez horas del primero de noviembre de 2013, la CGR dispuso "la prohibición de ingreso y reingreso a cargos de la hacienda pública por un plazo de seis años, salvo para uno de los investigados en que la prohibición se dictó por cinco años".

Para objetar la medida, Miguel Carabaguíaz presentó un recurso de apelación en subsidio mientras que Céspedes, Elizondo y Coto plantearon recursos de apelación. En estas acciones alegaron prescripción de las causas o que los casos ya habían sido fallados en favor de los cuatro exdirectivos cuando se investigaron penalmente.

Empero, todas estas gestiones fueron rechazadas ayer por el ente contralor.

La Contraloría sostiene que el sobreseimiento en el Tribunal Penal no impide la investigación administrativa por culpa grave.

La resolución que quedó en firme el 23 de abril establece que Céspedes y Carabaguíaz no podrán desempeñar cargos públicos durante seis años. En el segundo caso establece "que el Consejo de Gobierno deberá cesar inmediatamente del cargo propio de la hacienda pública que actualmente ocupa (Carabaguíaz) como presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, (Incofer)".

Wálter Céspedes declaró esta mañana que no había recibido la notificación de la Contraloría.
Wálter Céspedes declaró esta mañana que no había recibido la notificación de la Contraloría.

"Vamos a actuar, esto no está cerrado. Tengo que recurrir a las instancias legales que tenga. He sido un funcionario honesto y que trabajo con altura ética. Me hacen un daño enorme en lo moral, lo ético y profesional, por algo donde no ha habido ni un atisbo de mala fe", dijo Carabaguíaz, consultado telefónicamente.

Por su parte Wálter Céspedes sostuvo que no había sido notificado aún.

"Voy a pedir una copia, a mí no me han notificado, no conozco esa resolución. Voy a ver dónde lo consigo. Voy a buscarla y leérmela", alegó el legislador socialcristiano.

La Contraloría sí aclara que lo aquí resuelto puede ser objeto de revisión en sede judicial.