Por: Gerardo Ruiz R. 6 junio
Luis Guillermo Solís, discurso sobre el plan 2015-2018
Luis Guillermo Solís, discurso sobre el plan 2015-2018

El Gobierno del presidente, Luis Guillermo Solís, salió regañado por la Contraloría General de la República (CGR) por enviarle un flojo informe con 39 casos de exjerarcas y actuales jerarcas que, presuntamente, cobraron ilegalmente el plus de prohibición del ejercicio liberal de la profesión durante las últimas 4 administraciones.

Este martes, la CGR contestó a la Presidencia que ese estudio es una indagación carente de análisis, que presenta inconsistencias y que, en resumen, "se trata, entonces, de meros listados (de exfuncionarios y actuales funcionarios) que –por sí mismos– no sugieren alguna irregularidad".

Así, el ente contralor desacreditó el informe remitido por Casa Presidencial y le indicó que la responsabilidad de investigar los casos es de cada institución pública. De igual manera, le anunció que por ahora solo tomará nota del estudio, mientras aguarda por los resultados finales de investigaciones que deben conducir los jerarcas de los ministerios, así como las medidas que adopten.

Solo entonces, adelantó, la CGR, accedería a determinar cuáles casos investigaría o considería que deberían indagar las Auditorías Internas de las entidades del Gobierno Central.

La CGR criticó la falta de pruebas en el informe en el que Zapote remitió un listado de exjerarcas y actuales jerarcas en cuyos expedientes no constaban el título universitario o la constancia de la colegiatura, requisitos necesarios para cobrar un 65% más sobre el salario base por prohibición. La afiliación a los colegios profesionales es necesaria cuando la profesión así lo exige.

La respuesta de la Contraloría fue dirigida al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, cuyo despacho se encargó de preparar el informe a solicitud del presidente Luis Guillermo Solís, y la firmaron Luis Diego Ramírez, gerente de la división Jurídica, y Amelia Jiménez, gerente de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE).

En su contestación, ambos funcionarios informaron que detectaron inconsistencias entre las dos listas de nombres que Casa Presidencial remitió, en las que figuran todos aquellos que sirvieron en ministerios y viceministerios entre el 2002 y el 2017.

Con base en información de las oficinas de Recursos Humanos de los ministerios, la Presidencia colocó a la par de cada nombre si en su expediente constaba copia del título profesional y de la colegiatura al momento de recibir el plus de prohibición.

Este documento lo envió luego de conocerse que cobraron el incentivo, sin cumplir alguno de los dos requisitos, ocho funcionarios de la actual administración, de los cuales siete fueron incluidos en el documento.

"Como se aprecia (en el informe de la Presidencia), se trata, entonces, de meros listados que –por sí mismos– no sugieren alguna irregularidad, toda vez que la ausencia de información en el expediente personal no es sinónimo de ello y los casos donde se confrontan fechas de incorporación y de pago, o se dice que la persona no está incorporada a un Colegio determinado, carece de cualquier análisis", remarcó la Contraloría.

La institución contralora añadió que, incluso, la Presidencia le pasó casos de exjerarcas que entraron a laborar antes de que se creara el incentivo por prohibición, el 29 de octubre de 2004, con la promulgación de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; y que no se preocupó por detallar si las personas mencionadas todavía están en la función pública o no.

"(...) Se trata de situaciones presentadas durante los últimos quince años, sin que se mencione si las personas continúan o no al servicio de la Administración Pública, si existió el dictado de actos concretos favorables a ellos, si es posible jurídicamente la recuperación de sumas visto el tiempo transcurrido, entre otras cosas, es decir, sin que se acompañe de ningún estudio como corresponde", se lee en el oficio DFOE-0074, del cual La Nación tiene una copia.

Al hacer públicas ambas listas, hace ocho días, la Presidencia recibió una lluvia de críticas y reclamos de parte de las personas que allí figuraban, pues muchas consideraron que cumplían con todos los requisitos para recibir el plus de prohibición mientras fungieron en la Administración Pública.

Una verificación de este diario detectó que Casa Presidencial incluyó a 14 exjerarcas que sí cumplían con los requisitos, a 5 que entraron a laborar antes del 2004, a 7 que al parecer sí incumplían requisitos y a 4 educadores; en este último caso hay una nebulosa sobre si pueden cobrar o no prohibición.

Otros 8 casos son de esta administración. En un caso, este medio no pudo verificar los requisitos, la semana pasada.

Investigación le compete al Gobierno

De igual forma, la Contraloría concluye en su respuesta, al informe de la Presidencia, que es a la Administración activa, es decir, al propio Gobierno Central, al que le compete hacer la investigación sobre los casos.

"Un aspecto a destacar es que el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para el pago de la prohibición es también un tema de control interno en el cual la Administración es la primera responsable de verificar lo actuado y tomar las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad", contestó.

La Contraloría consideró la información que le trasladó la Presidencia como preliminar, y le indicó que no iniciará ninguna investigación, como se lo solicitó Zapote, hasta que el Gobierno no la ponga en conocimiento sobre el resultado final de las investigaciones y de las medidas adoptadas por cada ministerio.

"(...) Por la relevancia e impacto del tema quedamos a la espera del resultado final de tales investigaciones, así como de las medidas adoptadas; sin perjuicio que ciertos casos –por su complejidad– puedan llegar a ser investigados por esta Contraloría o por las Auditorías Internas de las Entidades", concluyó el órgano contralor.

La semana pasada el presidente Luis Guillermo Solís aceptó en una conferencia de prensa que él no revisó el informe que su ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, le trasladó a la Contraloría para el análisis de los casos de presuntos pagos irregulares del plus de prohibición desde el 2002 a la fecha.

Este martes, el ministro Alfaro dijo que Solís no tenía porqué conocer los pormenores del informe pues "es un aspecto que cae en la responsabilidad de los ministros y de la mía, especialmente".

Y recalcó: "no tenía el presidente que estar informado de los detalles de lo que se estaba haciendo".

Con respecto a las críticas de aquellos que se sintieron afectados por el informe, Alfaro agregó que la Presidencia contestará a cada una de esas personas.

"Yo prefiero esperar a que estén esas respuestas antes de dar más reacciones a la prensa, una vez que estén esas respuestas se harán públicas como se hizo también público lo otro (el informe)", dijo este martes, después del Consejo de Gobierno.

Más tarde, Alfaro se negó a acceder a una solicitud de entrevista de La Nación sobre los elementos que destacan en la respuesta de la Contraloría. A las 4:53 p. m. su encargada de prensa, Ilse Chango, dijo que "oportunamente" el jerarca se pronunciará al respecto.

Reacciones

En el Parlamento la respuesta de la Contraloría generó más críticas hacia Casa Presidencial. El jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Javier Cambronero, reaccionó con molestia.

"No conozco la nota (de la Contraloría), pero deploro que en la petitoria planteada por el Ministerio de la Presidencia haya habido imprecisiones", afirmó.

William Alvarado, coordinador de la bancada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo que las investigaciones sobre el pago presuntamente ilegal del beneficio salarial tuvo que haberlas hecho el Gobierno y no intentar trasladarle la responsabilidad a la Contraloría, lo cual consideró como una jugada política.

"La estrategia de tapar esos errores (de actuales ministros y viceministros) buscando situaciones similares en otras administraciones no era lo más adecuado. Lo que se buscó fue una alternativa para decir que otros también cometieron errores", consideró.

Y Otto Guevara, líder de la bancada del Movimiento Libertario, afirmó que el Gobierno actuó con irresponsabilidad al publicar la lista de funcionarios presuntamente beneficiados ilegalmente.

"La forma tan irresponsable en que dieron a conocer la lista, y esa falta de rigurosidad, dan para calificar este intento del Gobierno como una cortina de humo, parte de una 'operación embarre' para distraer la atención, todo esto bajo el lema de 'mal de muchos, consuelo de todos'", lamentó el diputado.

Colaboraron los periodistas Rebeca Madrigal y Esteban Mata

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