La contralora general, Marta Acosta, urgió ayer a los diputados a recortar el Presupuesto Nacional del 2015 en ¢200.000 millones, para evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas.
Acosta argumentó que la medida no afectaría la prestación de los servicios del Gobierno, pues este ha demostrado ser incapaz de gastar la totalidad de lo que presupuestó en los últimos siete años.
La cifra de ¢200.000 millones es una proyección del dinero que quedaría ocioso en el 2015, según el promedio de subejecución anual registrado entre el 2007 y el 2013.
Un ajuste de ese tamaño equivaldría a una reducción del 2,5% en el plan de gastos presentado por la administración de Luis Guillermo Solís para el próximo año, el cual supera los ¢7,9 billones.
Equivaldría, además, a un 0,7% del producto interno bruto (PIB) del 2015, en el que se prevé que el déficit fiscal llegará al 6,7% del PIB.
Ante la subcomisión de Asuntos Hacendarios que analiza el Presupuesto, la contralora insistió en la necesidad de aplicar la reducción.
“Es un insumo técnico que estamos dando a los diputados. Si no se hacen recortes, podemos enfrentar un mayor deterioro de las finanzas públicas como hemos anunciado desde hace rato. Esto se convierte en una espiral que puede afectar la capacidad operativa del Gobierno, la prestación de los servicios y, por ende, la calidad de vida de los costarricenses”, dijo Acosta.
Este plan de gastos es un 19% mayor al del 2014. Creció cinco veces más que la inflación.
En octubre anterior, la Contraloría General de la República advirtió de que la situación fiscal del país se tornará insostenible tanto para el Gobierno actual como para el próximo, a menos de que se tomen decisiones de “alto impacto”, como aumentar en ¢900.000 millones anuales los ingresos del Estado.
La semana pasada, Ottón Solís, diputado de Acción Ciudadana (PAC) y presidente de Hacendarios, anunció que buscaría apoyo para cortar unos ¢300.000 millones (1% del PIB) en rubros como horas extra, anualidades, dedicación exclusiva, alimentación y alquileres .
¿Dónde pasar tijera? La contralora dijo que existen partidas donde el Gobierno suele ejecutar menos del 80%. Tal es el caso de los alquileres de edificios, maquinarias y computadoras. Solo allí se podrían ahorrar casi ¢20.000 millones.
Se economizarían otros ¢120.000 millones con solo cortar el 4% que, históricamente, no se ejecuta en el rubro salarial. .
Acosta también cuestionó que el Ejecutivo presupuestara un giro de ¢410.000 millones para el Fondo Especial para la Educación Superior, aunque en el 2013 esa entidad ejecutó un 63% de lo girado.
No obstante, ayer el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, respondió que el Gobierno aplicó un recorte del 1,4% del PIB a la hora de elaborar el Presupuesto y que solo queda lo necesario para operar.
A la vez, el presidente Solís pidió que los recortes se hagan con bisturí y no con hacha. Añadió que quienes los hagan, deberán asumir la responsabilidad de posibles efectos para la gente.
Henry Mora, presidente legislativo, sostuvo que él no puede suprimir del Presupuesto los ¢2.000 millones que le sobrarían al Congreso en el 2015 porque, aunque no se ejecuten, la ley lo obliga a garantizar la totalidad de las dietas de los diputados, por ejemplo.
Para el análisis. Ottón Solís aplaudió la propuesta de la contralora: “Se piden presupuestos que no se ejecutan porque los jerarcas muchas veces son guiados por la inercia y sin preparar la ejecución proceden a inflar las cifras”.
En tanto, Víctor Morales Z., legislador del PAC cercano al mandatario, sostuvo que la propuesta de Acosta es un “insumo” para que las bancadas se pongan de acuerdo sin tasar tijera a discreción.
“El Presupuesto está sujeto a una reducción a las partidas, tras un acuerdo concertado entre los distintos poderes. No se puede hacer un recorte sin distingo en las partidas y afectando la inversión estatal”, aseguró Morales, quien en la víspera chocó con Ottón Solís por su posición sobre este tema.
Rolando González de Liberación Nacional, aseveró que Acosta les confirmó que van por el camino correcto y que esperan que las instituciones indiquen dónde se puede cortar. “Estamos dándoles margen para que digan desde una visión técnica qué se puede recortar, pues de lo contrario vamos a usar el criterio legislativo”, sentenció.