Por cada ¢100 presupuestados para salarios, se destinan ¢108 a incentivos

Por: Rebeca Madrigal 11 octubre
Contralora Marta Acosta en audiencia con los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios por presupuesto 2018.
Contralora Marta Acosta en audiencia con los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios por presupuesto 2018.

"Se nos hizo tarde para tomar medidas estructurales sin que tengamos que enfrentar consecuencias complejas". Con esas palabras, la contralora Marta Acosta advirtió a los diputados de las consecuencias que afrontará el país por no haber equilibrado a tiempo las deterioradas finanzas del Gobierno, al cual le espera un panorama de estrechez en el 2018.

Entre las consecuencias inmediatas, se encuentra una disminución de la inversión pública, un 'alto riesgo' de faltante de liquidez por el nivel de endeudamiento, la imposibilidad de desembolsar el dinero presupuestado para instituciones públicas y un deterioro en los servicios públicos.

"Se eleva el nivel de riesgo del Estado en el no cumplimiento de su propósito esencial, que es el bienestar de la colectividad, y se amenaza la estabilidad económica del país", dijo Acosta en la Comisión de Asuntos Hacendarios, al analizar el Presupuesto Nacional presentado por el Gobierno, para el próximo año, por ¢9,3 billones y con un déficit financiero equivalente al 7% del producto interno bruto (PIB).

Por ahora, la contralora descartó una crisis de liquidez, aunque indicó que es notorio que el Gobierno empezó a tener faltantes de dinero para hacer frente a sus responsabilidades.

Según la contralora, ante este oscuro panorama, las medidas fiscales son 'impostergables', y se requerirá de una reforma que reduzca el déficit (diferencia entre ingresos y gastos) en al menos tres puntos del PIB.

El endeudamiento del Gobierno central es una de las principales preocupaciones de la contralora.

En detalle, dijo que en los últimos 29 años los gobiernos han venido pagando gran parte del gasto corriente mediante el endeudamiento, lo cual es una práctica ilegal, pero que se ha mantenido año con año.

Esta deuda alcanzará el 53% del PIB en 2018, lo cual está por encima de un nivel sano, dijo en su audiencia. Estos niveles le restan "credibilidad" financiera a la administración, señaló.

Por otro lado, Acosta también pidió a los diputados prestar atención al endeudamiento de instituciones y empresas públicas, que se respaldan en la garantía del Estado.

Insolvencia

La contralora añadió que los indicadores fiscales muestran una tendencia hacia la insolvencia e insostenibilidad de las finanzas públicas.

Mencionó que el gasto en remuneraciones aumentará un 6,7%, alcanzando unos ¢2.6 billones, mientras que todo el Presupuesto sube un 2%.

En esta partida, Acosta destacó que el gobierno presupuestó ¢108 para incentivos salariales por cada ¢100 destinados a sueldos, tema que no ha sido atendido ni por la administración Solís ni por los diputados.

También, alertó de que la situación fiscal podría agravarse debido a que la recaudación de algunos impuestos se está desacelerando, como está ocurriendo con los tributos a las ventas, los combustibles y a las importaciones.

El gobierno de Solís y los diputados se encuentran discutiendo la transformación del impuesto de ventas al impuesto de valor agregado, sin embargo, la posibilidad de aumentar ese impuesto del 13% al 15% no tiene el apoyo necesario.

Así de grave calificó la situación la contralora, aun sin tomar en cuenta los gastos que se derivarán por el desastre en la infraestructura que dejó la tormenta Nate.

Desde ya el gobierno busca financiarse con empréstitos externos para poder recuperar caminos, puentes y viviendas afectados.

Precisamente, Acosta aseguró que los gastos por el cambio climático tendrán un comportamiento creciente en las finanzas públicas y, por lo tanto, la contralora urgió al gobierno de establecer un marco fiscal que le permita enfrentar tales situaciones.

La crítica también vino porque la estructura actual del presupuesto es rígida por los destinos específicos asignados por ley, lo que imposibilita a la administración mover los recursos hacia las necesidades de cada momento.

'Estado de necesidad'

Pese al presagio, la contralora dejó claro que no comparte la declaratoria de "estado de la necesidad" presupuestaria, dipuesta en la exposición de motivos del proyecto ley.

Dicha declaratoria le permitiría al gobierno reducir los recursos asignados por ley a algunas instituciones públicas.

Los diputados del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero y Steven Núñez, no estuvieron de acuerdo con las percepciones de la contralora Acosta. Ellos alegan que la declaratoria que promueve el Ministerio de Hacienda se sustenta en la insostenibilidad financiera, la cual incluso es reconocida por la Contraloría.

Bajo este "estado de necesidad", el gobierno se excusa de destinar, por ejemplo, el 8% del PIB para la educación.

Para el próximo año, se contempla una transferencia al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por un monto de ¢87.160 millones, el cual es ¢14.674 millones menos que el destino según ley.

Ella agregó que el país no está en una condición de calamidad ni de guerra para declararse incapaz de hacer frente a estos gastos, aunque reconoció que los gobiernos recientes no han podido materializar el 100% de los destinos específicos.