Sesión a puerta cerrada y confidencialidad de la reunión marcan desarrollo de comparecencia

Por: Juan Fernando Lara 9 julio, 2015
Al centro, la contralora Marta Acosta al iniciarse este mediodía su comparecencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. A su izquierda, Amelia Jiménez (gerente del área de fiscalización de la Contraloría) y Luis Diego Ramírez (gerente de la división jurídica de la entidad).
Al centro, la contralora Marta Acosta al iniciarse este mediodía su comparecencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. A su izquierda, Amelia Jiménez (gerente del área de fiscalización de la Contraloría) y Luis Diego Ramírez (gerente de la división jurídica de la entidad).

San José

La contralora general, Marta Acosta, comparece desde este mediodía, en sesión a puerta cerrada, ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, para referirse a la sostenibilidad financiera de Racsa.

La Contraloría General de la República informó de que Acosta tampoco se referirá al tema a su salida de la sesión aún y cuando ella misma ha sido crítica del secretismo en empresas del Estado.

Junto a Acosta, participan en la comparecencia la subcontralora Silvia Solís, Amelia Jiménez, gerente del área de fiscalización de la Contraloría y Luis Diego Ramírez, gerente de la división jurídica.

Entre los diputados presentes en la sesión están Jorge Arguedas y Gerardo Vargas, de Frente Amplio, Mario Redondo de Alianza Democrática Cristiana, Otton Solís y Epsy Campbell de Acción Ciudadana, Antonio Álvarez Desanti y Rolando González de Liberación Nacional y Gonzalo Ramírez de Renovación Costarricense.

Antes de cerrarse la sala a la prensencia de periodistas, acción inusual que imprime aún más secretismo y misterio al tema, Álvarez Desanti insistió en que la presencia de Acosta en este foro responde a "la insistencia y necesidad de los legisladores" en la comisión de informarse con transparencia cuál es el estado real de las finanzas de Racsa.

Apenas retirada la prensa del sitio, una funcionaria del equipo técnico de la Contraloría inrrumpió a toda prisa en la reunión confidencial para alertar a los presentes que apagaran los micrófonos en la sala porque el audio de la reunión se esuchaba en el exterior donde estaba la prensa.

Acosta ha señalado que la confidencialidad de la información presupuestaria y financiera de empresas en competencia, impide que algunos de los informes de fiscalización elaborados por la propia Contraloría puedan ser divulgados a la ciudadanía. Ni siquiera pueden ser conocidos por los propios diputados.

En mayo anterior, la junta directiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) echó mano de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Comunicaciones, aprobada al calor de la apertura telefónica celular, para declarar secreta la información de su subsidiaria Radiográfica Costarricense (Racsa), en particular los informes financieros.

Dicha norma permite establecer como secreta la información industrial, comercial o económica por motivos estratégicos, debido a la competencia en el sector de telecomunicaciones. Los legisladores solicitaron, en noviembre del 2014 y en abril anterior, la información de ingresos, gastos y resultados de Racsa.

Los diputados de dicha comisión legislativa incluso habían pedido al presidente Luis Guillermo Solís, el 23 de abril anterior, copia del del Informe anual de rendición de cuentas del ICE y sus subsidiarias, aprobado por el Consejo de Gobierno ese mismo mes pero el Ejecutivo también rehusó a dar la información con base en la decisión del ICE de declararla secreta.

En un intento por mejorar su salud financiera, Racsa pretende ofrecerle servicios a instituciones públicas en áreas como transportes, banca y finanzas, salud y seguros, e incluso desarrollar un sistema decompras públicas.

Para ello, la entidad seguirá utilizando la infraestructura del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que en el 2012 debió brindarle rescate financiero hasta por $30 millones.

Intentos fallidos. A finales del 2011, Racsa estaba en riesgo de quiebra por pérdida sostenida de su rentabilidad y falta de liquidez para honrar deudas a corto plazo, dijo el informe DFOE-IFR-12-2011 de la Contraloría General de la República.

El documento indica que, entre enero del 2010 y junio del 2011, Radiográfica acumuló pérdidas de operación por ¢6.786 millones.

Desde ese año a la fecha, Racsa tuvo cuatro directores ejecutivos; Francisco Calvo es el actual jerarca.

En setiembre del 2012, Racsa anunció para diciembre de ese mismo año el arranque de un servicio de Internet más barato y veloz gracias a un acuerdo con la firma sueca VíaEuropa. El proyecto tampoco prosperó.

Además, desde julio del 2013, el Consejo de Seguridad Vial aplaza su plan de vigilar vías con cámaras de video que instalaría Racsa para aplicar multas a los conductores. El Cosevi juzgó elevados los $5.500 que pidió Racsa por instalación y mantenimiento mensual de cada aparato.