Plan elimina los artículos objetados e introduce oralidad en juicios de trabajo

Por: Aarón Sequeira 4 diciembre, 2015
Los diputados quitaron de la nueva Reforma Laboral, los artículos que permitían huelgas en servicios esenciales, como el de salud. | RAFAEL PACHECO.
Los diputados quitaron de la nueva Reforma Laboral, los artículos que permitían huelgas en servicios esenciales, como el de salud. | RAFAEL PACHECO.

Las nueve fracciones legislativas se pusieron de acuerdo para presentar, este jueves por la tarde, un nuevo texto del proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral, con el fin de revivir la iniciativa vetada por la entonces presidenta Laura Chinchilla, en octubre del 2012.

La intención de los legisladores es darle un trámite excepcional a esa iniciativa de ley, con el fin de aprobarla definitivamente antes de irse a vacaciones, el 18 de diciembre.

El presidente del Congreso, el diputado socialcristiano Rafael Ortiz; el jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marco Redondo, y el legislador liberacionista Antonio Álvarez confirmaron que el acuerdo es dispensar de trámite el expediente legislativo, con el fin de evitar su paso por una comisión dictaminadora.

De hecho, ayer mismo, la Presidencia de la Asamblea dio la orden de enviar el texto para su publicación en el diario oficial La Gaceta , y luego mandarlo a consulta de la Corte Suprema de Justicia, el lunes.

Según Ortiz, si esos trámites mínimos no se pueden lograr antes del próximo viernes, la votación en primer debate quedaría para el lunes o martes de la última semana de labores del mes.

Procesos orales. El nuevo texto es la alternativa consensuada al proyecto de ley vetado por Chinchilla, luego de establecer el acuerdo, en la Comisión de Asuntos Jurídicos, de quitarle al texto los artículos que permitían la realización de huelgas en servicios esenciales, tales como los que dan hospitales y policías.

Álvarez explicó que en el proceso de estudio fue fundamental la participación del magistrado presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre.

El principal objetivo del plan es introducir la oralidad en los juicios laborales, con el fin de recortar los procesos del promedio actual de 10 o más años, a unos dos o tres año como máximo.

Al igual que con el Código Procesal Civil, esta ley permitiría a la Corte sustituir fases que hoy se tramitan en tribunales de forma escrita, por audiencias orales.

En cuanto al espinoso tema de las huelgas en servicios esenciales, las bancadas del Frente Amplio y el PAC aceptaron trasladar esa discusión a otro proyecto de ley, por estudiarse después.

En esta nueva ley se establecen varios cambios en la legislación, por ejemplo la prohibición de que un sindicato de un gremio específico, como el de los trabajadores judiciales, pueda pelear en favor de otros sectores, como el de los servidores legislativos.

Además, se le da a un juez el plazo de tres días para declarar si una huelga es ilegal. El nuevo texto establece que, a partir de la declaratoria de ilegalidad, los empleados tienen hasta 24 horas para volver a sus funciones y no 48, como lo establecía el plan antes.

“La decisión colectiva fue presentar un proyecto sin los artículos vetados y algunos cambios menores, que logramos consensuar entre todos”, dijo Redondo.

Álvarez destacó que con este nuevo texto se prohíbe la realización de huelgas “políticas”, en el sentido de movimientos en contra de decisiones del Gobierno que no afecten a los empleados de un gremio particular.

En agosto, la Sala Constitucional ordenó a la Asamblea retomar el trámite del plan, luego de declarar que Chinchilla había retirado, erróneamente, en mayo del 2013, una parte del veto que ella impuso en el 2012.