Tras año y medio sin mejoría, jerarca de Justicia toma riendas de disputa indígena

Por: Álvaro Murillo 24 septiembre, 2015
Uno de las escenas de conflicto en territorio de Salitre, donde se registran quemas de ranchos, agresiones entre pobladores, destrucción de cultivos y bloqueos a delegaciones de autoridades. | ALFONSO QUESADA
Uno de las escenas de conflicto en territorio de Salitre, donde se registran quemas de ranchos, agresiones entre pobladores, destrucción de cultivos y bloqueos a delegaciones de autoridades. | ALFONSO QUESADA

No se trata solo de decir si esta finca pertenece a un “blanco” o a un bribri, o de pagar una expropiación para respetar el territorio indígena de ley.

Para nada. El conflicto en el territorio de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas, está lejos de resolverse y dejar atrás la violencia que se presenta de manera cíclica desde hace meses.

Lo advirtió ayer la ministra de Justicia, María Cecilia Sánchez, frente a la Comisión de Derechos Humanos de la Asambles Legislativa, en el primer informe tras encargarse del tema. En el año y medio previo, esa fue tarea de la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, con frutos cuestionados ayer por diputadas de esta comisión.

La exposición de Sánchez la reforzó la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, quien la semana pasada también visitó la zona y constató la desconfianza que los pobladores tienen con respecto a las propuestas del Gobierno, contó ayer.

Relató que vio a los policías enviados por el Gobierno después de un repunte de violencia en semanas recientes y percibió la desconfianza que ellos generan también en los pobladores, además de que los mismos oficiales no entienden bien en qué consiste el conflicto.

Salitre es un área de difícil acceso y de 11.700 hectáreas que se disputan grupos indígenas –a quienes la ley les da garantías– y finqueros no indígenas que aseguran tener derechos sobre parte de ellas.

El problema, de por sí complicado por la falta de claridad sobre el uso y los límites de tierras, se agrava porque hay disputas entre los indígenas, tanto entre etnias como facciones, además de cuestionamientos a algunos líderes indígenas.

“No podemos decir que la solución esté en el corto plazo; sí podemos decir que hay pasos importantes”, dijo Sánchez, en referencia a la propuesta para que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) haga un estudio y determine cuáles personas están ocupando territorios indígenas.

Este trabajo lo iba a hacer el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie, privado), pero desistió por la la inseguridad, dijo Sánchez.

El territorio de Salitre es objeto de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en mayo ordenó al Estado tomar disposiciones para resguardar la seguridad de sus habitantes y, en concreto, el pueblo bribri.