Cúpula del Consejo pidió a Auditoría investigar si la empresa y los funcionarios a cargo se apartaron de lo pactado

Por: Natasha Cambronero 19 noviembre

Ante los constantes atrasos y creciente costo de la obra, el Conavi analiza dar por terminado el contrato de construcción del tramo central de la nueva carretera a San Carlos, el cual está en manos de la firma Sánchez Carvajal.

Se trata del trayecto de 29,7 kilómetros (km) que conectará la localidades de Sifón, en San Ramón, con La Abundancia, en San Carlos.

A principios de julio, el presidente Luis Guilermo Solís realizó un recorrido por la construcción de la nueva carrera que va a conectar a San Ramón con la Florencia, de San Carlos. Foto: Adrián Soto.
A principios de julio, el presidente Luis Guilermo Solís realizó un recorrido por la construcción de la nueva carrera que va a conectar a San Ramón con la Florencia, de San Carlos. Foto: Adrián Soto.

Sánchez Carvajal está a cargo de esa obra desde hace nueve años. En ese lapso de tiempo, el costó del proyecto pasó de $61 millones a $213 millones, es decir, que experimentó un alza del 250%. Parte del alza se debió a que el proyecto se amplió de dos a cuatro carriles, más no así sus puentes.

Al menos desde mayo, el tema se ha discutido en el seno del Consejo de Administración del Conavi. En octubre, por ejemplo, se ordenó a la Auditoría Interna investigar si las actuaciones de la constructora se apartaron del contrato y si funcionarios a cargo de la obra actuaron de acuerdo a lo pactado.

Según el ministro de Obras Públicas y Transportes, German Valverde, se analiza el costo financiero de finiquitar contrato, al tiempo que se barajan diferentes alternativas de cómo se podría terminar las obras que quedan pendientes.

"El Consejo de Administración (del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi)) —igual que creo que todo el país en general—, tiene una preocupación respecto a la duración que ha tenido el proyecto, la extensión que ha tenido el mismo, la necesidad de estar incorporando recursos nuevos al proyecto".

"Esa es una preocupación que todos tenemos como costarricenses, queremos que el proyecto termine pronto y que ojalá con la cantidad de recursos más baja que sea posible, pero bueno, la historia de ese proyecto, como bien todos la conocemos, tiene ya muchos años de estar en eso y el proyecto no se logra terminar", declaró Valverde.

El también presidente del Consejo de Administración del Conavi asegura que la institución inició el análisis después de que la Contraloría General de la República rechazó la adenda (modificación) número ocho al proyecto, en la cual se pedía permiso para aumentar el monto del contrato en otros $24,6 millones y el plazo de la obra en 320 días, el pasado 12 de julio.

Alega que las obras que están pendientes son muy especializadas, o bien, responden a problemas geotécnicos, que eventualmente podrían ser más baratas y rápidas de terminar mediante contratos por separado.

"El Consejo quiere explorar otras posibilidades en la medida de tratar de determinar cuál es la mejor opción, si realmente generar una adenda bajo el contrato existente, o como muchas de las obras que hacen falta son muy especializadas, como obras geotécnicas o la construcción de un puente que tiene condiciones muy particulares, el puente sobre el río Laguna, por ejemplo".

"Entonces, un poco lo que el Consejo ha buscado es valorar qué es mejor: si continuar con una adenda bajo el mismo contrato, o que este contrato termine y explorar la posibilidad de una contratación nueva para terminar esas obras", explicó el jerarca del MOPT.

En este momento, el proyecto tiene 23 km asfaltados y entre otras cosas, falta construir los puentes sobre los río Laguna y Espino, así como resolver aspectos ambientales con el humedal La Culebra.

La Nación intentó obtener una reacción de los personeros de Sánchez Carvajal; sin embargo, su asesor de prensa vía correo electrónico dijo que la empresa no se iba a referir al tema, ya que "no tiene ninguna notificación sobre una posible rescisión del contrato".

Debate interno

Si bien el ministro Valverde asegura que el Conavi inició los análisis tras el rechazo de la Contraloría, lo cierto es que el tema del costo del finiquito con Sánchez Carvajal se mencionó en el seno del Consejo de Administración de esta entidad, al menos desde el 4 de mayo.

En la sesión de ese día, se consignó que se había instruido a la Unidad Ejecutora del proyecto para que indicara cuánto se le tendría que pagar a la empresa constructora si "se da por terminado el contrato en la fecha que expira, al tener que eventualmente resarcir las obras no realizadas en dicho proyecto".

Posteriormente, el tema se volvió a tratar en la sesión de 9 de octubre anterior, en la cual también se acordó solicitarle a la Auditoria Interna realizar una investigación para determinar "si la actuación de la empresa se ha apartado de la contratación original y que ahora genera este addendum rechazado y si la empresa y la Gerencia de Proyecto han actuado acorde al contrato".

Con el voto del German Valverde, ese día se aprobó por unanimidad ese petitoria de investigación hecha por la directora Mónica Navarro del Valle, por pedido de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

Sobre ese particular, el ministro dijo no recordar las razones por las cuáles apoyó iniciar unas pesquisas sobre el actuar de Sánchez Carvajal, pues aduce hasta ese momento no había recibido denuncias de presuntas anomalías.

Afirmó que la primera vez que escuchó sobre presuntas irregularidades en el proyecto fue en el audio que circula en redes sociales la semana pasada. Es una grabación de 27 minutos en la que se escucha a varias personas hacer referencia a supuestos actos de corrupción. El diputado Javier Cambronero, del gobernante PAC, admitió que él es uno de los participantes en ese diálogo.

"Salvo los audios que circularon la semana anterior, hasta la fecha no habíamos tenido nosotros ninguna denuncia formal ni ninguna queja, por ejemplo del equipo supervisor, del ICE (Instituto Costarricense de Electricidad), o de ningún ente encargado del proyecto, alguna mala actuación de la administración o de la fecha. A la fecha no hay nada, salvo los audios que circularon y las presuntas irregularidades que habrían ocurrido", expresó Valverde.