San José.
El Gobierno y los ciudadanos costarricenses tienen percepciones muy distintas sobre la corrupción en el país.
La mayoría de ticos cree que el problema creció en los últimos dos años; para el Gobierno la opinión es producto del recuerdo de los escándalos en otras administraciones.
Según la Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción 2017 de la Contraloría General de la República, 61% de ciudadanía considera que la corrupción se ha agravado en el sector público en los últimos dos años y la gran mayoría de ciudadanos (85%) concluye que "hay mucha".
Además consideran a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Seguridad Pública como las instituciones con mayor riesgo.
Los resultados se dieron a conocer un día después de que el presidente Luis Guillermo Solís dijera en su informe presidencial ante el Congreso, cuando afirmó que en su gestión no hay ni "atisbo" de corrupción.
"Sí se puede hacer política con resultados, sin opacidad y sin miedo. Y esto ocurre pese a quienes quieren desprestigiarnos invocando corrupción donde no la hay ni por atisbo", expresó el mandatario.
La Presidencia afirmó en un comunicado de prensa haber recibido los resultados de la Contraloría "con sumo interés", al tiempo que los rebatió.
"Es importante tomar en cuenta que la percepción de la ciudadanía costarricense sobre este tema es especialmente sensible debido a los reiterados escándalos de corrupción que afectaron al país en gobiernos pasados y que siguen frescos en la memoria de nuestra población", señaló.
Además, agrega el comunicado, "es importante destacar que el estudio se refiere a las percepciones de las personas encuestadas pero no a hechos.
Presidencia, eso sí, llamó la atención en el hecho de que la Presidencia y el Poder Ejecutivo recifieron menos del 6% de las menciones en la consulta sobre entidades con riesgo de corrupción.
En el comunicado citaron las intervenciones de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) y el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop, así como el despido de 115 policías por sospechas de corrupción, como ejuemplos de lo que califican de "política activa de transparencia y combate" contra el problema.
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Los resultados
El análisis de la Contraloría señala que entre quienes alguna vez han aplicado para alguna oferta laboral en el sector público, el 71% detectó corrupción en el trámite.
Asimismo, el 79% de las personas que afirman haber atestiguado actos de corrupción en el sector público se abstuvo de denunciarlo por miedo a represalias, o por la sensación de que denunciar no arreglaría nada, o por desconocer cómo hacerlo.
Dentro de las propias entidades públicas, el 66% de funcionarios públicos entrevistados por la Contraloría desconocía que en su institución se realizara algún ejercicio de valoración de riesgos de corrupción.
El 54% desconoce de alguna acción donde trabaja para evitar que se dé corrupción y otro 48% también admitió desconocer si al denunciar un acto de corrupción, la institución donde labora tiene obligación de proteger su identidad.
El ente contralor también llevó su consulta a 385 proveedores del Estado, de los cuales, 81% indentifica corrupción sobre todo por la influencia ejercida de las autoridades en el diseño de los términos de referencia para carteles de licitación. De estos consultados, 64% desconoce cómo denunciar actos de corrupción en estas contrataciones.