San José
Casa Presidencial renovó la intervención de la junta directiva del Banco Popular, al publicar este lunes un acuerdo en el que el Gobierno designa a los cuatro representantes de los trabajadores en el órgano directivo de esa entidad bancaria.
La decisión choca con una promesa que hizo Luis Guillermo Solís a inicios de la campaña presidencial pasada, el 31 de octubre del 2013, en la que se comprometía a devolver la autonomía a la Asamblea de Trabajadores del Popular, en caso de alcanzar la presidencia de la República.
El acuerdo del Ministerio de la Presidencia, firmado por el titular de esa cartera, Melvin Jiménez y por Luis Guillermo Solís, designa a María de los Ángeles Quesada Orozco, Edgar Rodríguez Ramírez, Alexandra Massino Rojas y a Juan Carlos Zúñiga Rojas como los cuatro miembros propietarios representantes del sector laboral en la junta directiva del Popular.
Como directivos suplentes de esos cuatro representantes de los trabajadores fueron escogidos Patricia Sánchez Villalta, Óscar Mena Redondo, Ana Luisa Calvo Monney y José Ricardo Sánchez Mena.
Todas las designaciones fueron en calidad pro tempore, hasta que la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular proceda al nombramiento de sus representantes para el periodo 2014-2018 y estos sean ratificados.
La decisión de Casa Presidencial causa pugna porque la Asamblea de Trabajadores reclama su derecho a escoger a sus representantes en la junta directiva del Popular.
Varios diputados, entre ellos Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), pidieron a Luis Guillermo Solís respetar su compromiso de campaña de respetar e incrementar la autonomía del Banco Popular.
Otros 17 diputados escribieron una misiva a Luis Guillermo Solís en respaldo de su decisión de continuar con la intervención del Banco Popular.
Esa decisión la tomó la expresidenta Laura Chinchilla en el 2010, ante un conflicto que impidió a la Asamblea de Trabajadores ponerse de acuerdo para designar a sus cuatro directivos.
Los otros tres directores del Popular son nombrados en representación del Poder Ejecutivo.
La semana pasada el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, indicó que Casa Presidencial también respetaría esos nombramientos, que realizó el gobierno pasado, pues los plazos de esos directivos vencerán hasta setiembre próximo.
Reacciones. El diputado Gerardo Vargas, jefe de fracción del Frente Amplio, criticó la decisión de Casa Presidencial de mantener la intervención del Banco Popular.
"Esta es una señal muy importante para el Frente Amplio y debe serlo para todo el país. Si así es como trata el presidente Solís sus promesas de campaña todos vamos a tener que estar muy vigilantes, pues podría incumplirlas".
En tanto, el Sindicato Unión de profesionales, técnicos y similares del Banco Popular (Unprobanpo) emitió un comunicado en el que "repudió" la decisión del presidente Luis Guillermo Solís.
"Las designaciones e imposiciones desde Casa Presidencial, nada bueno le han traído a la institución, como un proyecto informático llamado Solución Integral Bancaria (SIB) que presenta un retraso irracional de más de seis años con una inversión millonaria que incide directamente en la prestación de más y mejores servicios", se lee en el comunicado firmado por el ingeniero Carlos Vega, secretario general de Unprobanpo.
El sindicato también se queja de que entre las consecuencias de la pérdida de autonomía están el creciente descontrol interno, el incremento en la burocracia al haberse creado más divisiones y jefaturas que cobran salarios "de lujo", así como un incremento en la planilla que el gremio como "desmesurado".