Por: Natasha Cambronero 29 julio
Los candidatos presidenciales Carlos Alvarado, del PAC y Antonio Álvarez, del PLN, durante el debate organizado por la Uccaep el pasado 20 de julio.
Los candidatos presidenciales Carlos Alvarado, del PAC y Antonio Álvarez, del PLN, durante el debate organizado por la Uccaep el pasado 20 de julio.

Los candidatos presidenciales Antonio Álvarez, del PLN, Carlos Alvarado, del PAC, y Rodoldo Piza, del PUSC, apoyan las reformas al régimen de pensiones del Poder Judicial, aprobadas por una comisión especial del Congreso.

Los legisladores aumentaron en cinco años la edad mínima para jubilarse e impusieron un tope de ¢4 millones, al tiempo que impusieron una contribución solidaria a las pensiones actuales que hoy superan esa monto, la cual sería de hasta un 50% del excedente.

Esas medidas pretender cerrar el déficit actuarial de ¢5,3 billones en el sistema judicial y se basaron en las recomendaciones técnicas de actuarios de la Universidad de Costa Rica (UCR), contratados por la Corte Suprema de Justicia.

Los tres aspirantes coinciden en que esa era la vía correcta para resolver el hueco financiero y se oponen a que la discusión se sustentara en la propuesta de los empleados judiciales.

Los gremios que lideran la huelga indefinida, que arrancó desdes el miércoles de la semana pasada, cuestionaron los alcances de los informes emitidos por la UCR, en especial la tasa de rendimiento de las inversiones del fondo, pues aseguraran que es mayor a la utilizada por los actuarios.

Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), asegura que el grueso del problema ya fue resuelto con el texto que dictaminó afirmativamente la Comisión Especial de Pensiones. En su criterio, las eventuales modificaciones serían subsanables mediante mociones de reiteración en el plenario legislativo.

"Me parece que la Asamblea dio un gran paso y, que en términos gruesos, el tema ya está resuelto. No conozco en detalle, pero estoy seguro que los diputados han hecho una buena valoración de las opciones y el interés es salvar el fondo para que en un futuro los trabajores puedan seguir gozando de una pensión, así es que no dudo que haya habido un trabajo serio", dijo el verdiblanco.

Su similar del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, considera que la posición de la comisión es la que lleva "la razón" y que así se lo hará ver a los miembros de la fracción oficialista.

"Apoyo la posición de la fracción del PAC, planteada por los diputados Marcela Guerrero y Franklin Corella, necesitamos un régimen que sea sostenible en el tiempo y para que sea así, debe ser reformado a partir del criterio técnico, eso es lo responsable para darle sostenibilidad al régimen. Esa es la posición que lleva la razón, siempre hay margen para discutir temas, pero la recomendación técnica de la UCR es que busca darle sostenibilidad al régimen", declaró Alvarado.

Rodolfo Piza, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) es el más categórico de los tres. Él asegura que la propuesta de los gremios no es sostenible y que la que se aprobó en la comisión sí resuelve el déficit. También pidió a los empleados judiciales que depongan la huelga, la cual calificó como "ilegítima".

"Apoyamos el dictamen aprobado por la Comisión Especial de Pensiones, que preside un diputado socialcristiano, Johnny Leiva, porque viene a establecer ajustes indispensables y límites sensatos a un sistema de pensiones que varios estudios, incluyendo el de la UCR, han revelado insostenible. La propuesta de los gremios no es suficiente, y por eso no podemos respaldarla.

"Creo que los gremios del Poder Judicial deberían deponer su huelga ilegal, porque de hecho, el dictamen aprobado por la Comisión Especial más bien genera condiciones para que su régimen de pensiones sea más viable y más sostenible. El diálogo no puede ejercerse bajo presiones indebidas ni en el marco de una huelga ilegítima, ante las cuales los diputados socialcristianos no deben ceder", enfatizó el socialcristiano.

Otros candidatos presidenciales, con presencia en el Congreso, como Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, también se han manifestado en favor de la actuación de la Comisión Especial de Pensiones.

En contraposición, Edgardo Araya, del Frente Amplio, abogaba porque la discusión se centrara en la propuesta planteada por los huelguistas.

El texto con las reformas dictaminado en la comisión ahora requiere de su aprobación en el plenario legislativo y la posterior firma del presidente Luis Guillermo Solís, para su entrada en vigencia.