Alegan que país no debe violentar los derechos humanos de privados de libertad

Por: Esteban Mata Blanco 25 octubre, 2013
El hacinamiento de los privados de libertad en San Sebastián obliga a pasar reos a otra cárcel.
El hacinamiento de los privados de libertad en San Sebastián obliga a pasar reos a otra cárcel.

La medida de sacar reos de las cárceles para evitar el hacinamiento es bien vista por los candidatos a la presidencia de la República con mayor apoyo de los votantes.

La orden dictada el 24 de setiembre por el juez Roy Murillo ya está en ejecución. Esto permitirá a 370 privados de libertad de la cárcel de San Sebastián ser reubicados en otros centros penitenciarios.

En caso de no tener espacio en esas prisiones, se debe sacar a reos que estén a punto de cumplir sus respectivas condenas y aplicarles otro tipo de medidas para que liberen lugares en las celdas.

Los reos que podrán salir de prisión bajo este entendido son los que cumplirán su condena como máximo en el 2015.

La medida pone en evidencia el problema de saturación carcelaria. Solo en San Sebastián (sur capitalino) la sobrepoblación es del 79,5%.

Si se toma en cuenta el promedio nacional, el exceso de reos tras las rejas alcanza el 36,5%, de acuerdo con el Ministerio de Justicia.

A cuatro meses de la elección presidencial, los aspirantes consideran que la directriz de Murillo es positiva, en el tanto procura garantizar el respeto a los derechos de los privados de libertad.

“Coincido en este tipo de medidas alternativas”, dijo el aspirante por el Partido Liberación Nacional (PLN), Johnny Araya.

El exalcalde considera, además, que se deben tomar en cuenta otras soluciones, como la utilización de brazaletes electrónicos, que permitan tener a los reos fuera de las rejas, pero monitoreados.

Otto Guevara, candidato por el Movimiento Libertario, afirma que se debe hacer una revisión de los casos para descartar violaciones a los derechos humanos.

El abogado y exdiputado apela a que se vuelva a utilizar el antiguo presidio de la isla San Lucas, en Puntarenas, para que sirva de centro de rehabilitación.

Para el exmagistrado de la Sala IV y aspirante por la Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Piza, la condena de cárcel no debe suponer una violación a los derechos de los condenados.

Piza afirmó que se debe buscar una salida respetuosa de la dignidad humana.

El aspirante recalcó que cuenta con el apoyo de su candidata a la segunda vicepresidencia de la República, Patricia Vega, quien tiene la experiencia en el manejo de estos temas luego de su paso como ministra de Justicia durante el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006).

Por su parte, el analista y candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Guillermo Solís, afirmó que la situación es tan crítica que no hay otra salida más que construir nuevas celdas.

Aun así, dijo que la solución es más compleja y que se requiere revisar caso por caso antes de tomar la decisión sobre a quién se debe sacar de prisión.

Finalmente, el diputado y candidato del Frente Amplio, José María Villalta, no cuestiona la posición del juez Murillo, y dijo que se debe tomar en cuenta que la prisión debe verse como una última medida

“Lo que nos corresponde es resolver el problema a futuro”, afirmó Villalta en referencia a la necesidad de tomar una medida más amplia que la actual.