San José
Un proyecto de ley pretende pasar ¢13.500 millones que están ociosos en cuentas del Banco de Costa Rica (BCR) al fondo de pensiones del Régimen no Contributivo (RNC), el cual otorga jubilaciones a personas en pobreza extrema o en condiciones de discapacidad.
Los recursos provienen de depósitos que debieron hacer personas que se vieron envueltas en juicios, y que no reclamaron la devolución del dinero una vez concluido el proceso judicial.
La diputada liberacionista Sandra Piszk presentó una iniciativa según la cual los recursos pasarían al RNC, bajo administración de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), si los dueños no los reclaman al cabo de diez años.
El proyecto, además, impediría utilizar el dinero para cubrir gastos de administración del RNC u otros gastos de la Caja costarricense del Seguro Social.
Esta cifra de ¢13.500 millones se acumuló en cuentas del BCR desde que en el año 2000, siendo defensora de los Habitantes, Piszk interpuso una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 236 inciso 5 y 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La primera de esas normas disponía que los montos ociosos por más de cuatro años correspondientes a depósitos judiciales pasaban a financiar el régimen de pensiones y jubilaciones de la Corte.
La segunda establecía que el dinero sin reclamar debía invertirse en la compra de títulos valores del sector público repartiendo los intereses así: durante los primeros cinco años le correspondían al RNC y, después, al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
Después de que la Sala IV fallara a favor de la acción de Sandra Piszk los recursos quedaron sin un destino específico.
Es por eso que ahora la diputada pretende dirigirlos en su totalidad al RNC donde la pensión en promedio no supera los ¢79.000, monto que apenas supera la canasta básica, cuyo monto a enero pasado fue de ¢48.855 mensuales para la zona urbana, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
"Decidimos darles un fin de interés social a aquellos recursos que se generen como producto de los depósitos judiciales de juicios concluidos o abandonados. La mayoría de los recursos del RNC vienen del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), pero ese régimen de pensiones es uno de los programas sociales más importantes pues en donde hay más gente en pobreza extrema o en condición de discapacidad", explicó Piszk.
En la actualidad el RNC tiene a más de 109.000 beneficiarios y, debido al bajo monto de las pensiones que otorga, Piszk cree que su proyecto amerita un trámite legislativo rápido.
"El proyecto es muy nuevo y no he detectado que tenga oposición. En todo caso, al tener un beneficio social tan importante, yo esperaría que el proyecto se apruebe lo antes posible. Para esto le solicité al presidente de la Asamblea Legislativa, don José Alberto Alfaro, que lo publique lo antes posible en el diario oficial La Gaceta", dijo la legisladora.
Piszk también pidió al jerarca legislativo que use sus potestades para que envíe el proyecto a la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso.
La legisladora informó de que el proyecto es del agrado de Casa Presidencial, que lo convocó a las actuales sesiones extraordinarias (que van del 1°. de diciembre del 2016 al 30 de abril del 2017) para que queme varias etapas de su trámite legislativo.
De aprobarse el proyecto, el traslado de los ¢13.500 millones al RNC será inmediato.