Iniciativa obligaría a los operadores de redes de telecomunicación y proveedores de servicios a tomar previsiones

Por: Juan Fernando Lara 23 febrero
Valverde Granados es directora de La Reforma desde el año pasado.
Valverde Granados es directora de La Reforma desde el año pasado.

Este jueves por la mañana, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó afirmativamente un proyecto de ley para bloquear la señal celular a centros penitenciarios y penales juveniles del país, el cual se tramita bajo el expediente N° 19.932.

La iniciativa, llevada a la corriente legislativa por el Poder Ejecutivo, obligaría a los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de servicios de este tipo a tomar las medidas necesarias para prevenir que privados de libertad utilicen servicios inalámbricos para cometer delitos.

El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marco Vinicio Redondo Quirós, indicó que la iniciativa persigue prevenir la ocurrencia de timos, estafas y fraudes urdidos desde centros penitenciarios.

"La idea con esto es materializar una prohibición que ya existe. Hoy no están autorizados los celulares pero igual siempre llegan los teléfonos a manos de delincuentes en centros penales que luego se usan para perpetrar más delitos" indicó Redondo Quirós.

El legislador afirmó que los eventuales bloqueos de señal son técnicamente posibles, según conversaciones iniciales sostenidas con operadores telefónicos.

Solo entre 2012 y 2016, las autoridades se cuantificaron 1.285 delitos cometidos por reclusos con ayuda de un teléfono móvil, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las fechorías más comunes siguen siendo los timos en los cuales media la supuesta compra de un bien (613 denuncias) y las estafas (354 casos). Estas dos representan un 75% del total.

Además, durante los últimos cinco años, al menos 13 policías penitenciarios han sido castigados a nivel administrativo, por meter teléfonos celulares a las prisiones.

La información corresponde a los años 2011, 2012, 2015 y el 2016. Para el 2013 y 2014 no hay datos, según el Ministerio de Justicia. De los oficiales sancionados, seis fueron despedidos de sus cargos y otros siete recibieron de tres a 30 días de suspensión.

Los visitantes de centros penales que son descubiertos cuando intentan introducir un celular también reciben sanciones. Debido a que esa acción no es un delito, el castigo es administrativo y consiste en impedimento de visita a estas instituciones por un año.

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