¿Cómo nació la investigación en la que se basa esta denuncia penal?
Nosotros revisamos la liquidación de gastos electorales y había una cuenta que se estimó conveniente pasar a una investigación más amplia, concretamente la de “servicios especiales”. Se rechazaron gastos por los ¢600 millones y se aprobaron más de ¢500 millones. Se quiso hacer un análisis más exhaustivo de la liquidación y de los documentos que la respaldaban. Llegamos a hallazgos que el Departamento de Financiamiento elevó al Tribunal y vimos que algunos de esos hallazgos podrían tipificarse como delitos con base en el Código Electoral y el Penal. Entonces, es competencia del Ministerio Público si hay delito que perseguir y qué personas se incluiría en una acusación formal.
¿Cinco posibles delitos?
Toda la investigación tiene carácter de confidencialidad, pero le puedo decir que todo lo investigamos viendo los documentos, la realidad y la normativa. Todos los delitos van en función de ver si los documentos son fiel reflejo de la verdad o no.
En caso de tratarse de una estafa, ¿de qué monto estamos hablando?
La cuenta total eran más de ¢1.000 millones y lo que se aprobó fueron ¢560 millones. Se revisó toda la cuenta, tanto lo aprobado como lo rechazado, puesto que todo venía respaldado con la documentación. No puedo decir el monto exacto de lo que sería anómalo.