Por: Mercedes Agüero, Natasha Cambronero 30 mayo, 2016

Las autoridades brasileñas le solicitaron al Ministerio Público copia de la documentación y otras pruebas recolectadas durante la investigación del caso relacionado con la concesión de la carretera a San Ramón.

Así consta en un pedido al Juzgado Penal por parte de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, el pasado 10 de marzo, como parte de una gestión de Asistencia Penal Internacional.

La República Federal de Brasil pidió, con carácter de urgencia, el contenido del expediente de la causa 13-27-0621-PE, pues la empresa OAS es investigada en esa nación por un aparente delito de corrupción.

En particular se requirió la documentación escaneada durante la apertura de evidencia, la cual está contenida en seis discos compactos.

Luis Inácio da Silva durante su visita al país en 2011. | MAYELA LÓPEZ
Luis Inácio da Silva durante su visita al país en 2011. | MAYELA LÓPEZ

Como parte de esta pesquisa, el Ministerio Público recolectó 350 cajas de evidencia luego de nueve meses de trabajo y múltiples allanamientos.

A hoy, el expediente del caso consta de 6.053 páginas.

No obstante, al final de una investigación que se extendió por casi dos años, la Fiscalía determinó que, con la prueba recabada, no se pudo comprobar la existencia de delitos para formular una acusación.

Entre tanto, en Brasil uno de los hechos por los cuales la compañía OAS está en la mira de las autoridades, tiene relación con el expresidente de esa nación, Luis Inácio Lula da Silva.

Según las pesquisas, la constructora es una de las cinco empresas que, en apariencia, le habrían girado $2,5 millones al exmandatario Lula en pago por conferencias que daba, lo que podría configurar el delito de tráfico de influencias.

En otras naciones, como Perú, Argentina y Uruguay, ya hay abiertas varias investigaciones judiciales o políticas, las cuales concentran gruesos tomos de pruebas sobre las huellas de la constructora brasileña, entre otras, por eventuales actividades ilícitas vinculadas al financiamiento irregular de campañas políticas, lavado de dinero y fraude en licitaciones.