La propia Auditoría Interna del ICE cuestionó la razonabilidad de los honorarios que ese Instituto y Jasec acordaron pagarle a la empresa Consultores en Infraestructura GIP, durante 16 años, por desempeñarse como la unidad ejecutora del proyecto hidroeléctrico Toro III, construido por ambas empresas públicas en Venecia de San Carlos.
Ese no fue el único cuestionamiento a la contratación que se extenderá del 2012 al 2028. La Auditoría también dudó de que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) cumplieran con los principios de contratación administrativa al entregarle a dedo el trato de unos $6 millones (¢3.360 millones) a GIP.
Así lo advirtió en un informe emitido desde setiembre del 2012, el mismo año en que la alianza ICE-Jasec ordenó al Banco de Costa Rica (BCR), en su papel de administrador del fideicomiso bancario que financió Toro III, contratar a la compañía sin dar oportunidad a otras empresas.
GIP hoy está en la mira de los diputados. Ellos denunciaron ante la Procuraduría de la Ética que esta firma, fundada en el 2005 por la actual directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano, y otros exfuncionarios del Instituto, recibió contrataciones directas por $17,6 millones en el sector público de energía, del 2006 al 2012 .
Bejarano dejó el ICE en el 2004 luego de 32 años de labor acogiéndose a una movilidad laboral. Regresó a la institución en el 2010. Alega haber vendido su participación en GIP y niega haber incidido en los contratos otorgados.
En el caso de la hidroeléctrica Toro III, la primera en contratar a GIP fue la Jasec, en el 2006, para que elaborara el diseño y la estructura financiera de la obra. Eso ocurrió cuatro años antes de que empezara a operar el fideicomiso del BCR, en el 2010.
Un año después, como resultado de la contratación, la consultora entregó a la Junta cartaginesa el calculo de los honorarios para la futura unidad ejecutora: $57.075 (¢32 millones) al mes en la etapa preoperatoria y $12.500 (¢7 millones) mensuales en la etapa operativa.
Según revela el informe de Auditoría del ICE, luego, en el 2011, GIP le manifestó a ICE-Jasec su interés en ser la unidad ejecutora del proyecto. Las entidades aceptaron y, en el 2012 ordenaron al BCR hacer la contratación, aunque el mismo Banco cuestionara el porqué de la selección a dedo.
Los honorarios acordados subieron: $60.000 (¢34 millones) mensuales para la primera etapa y $30.000 (¢16,7 millones) mensuales en la segunda, la cual se extendería hasta junio del 2028.
La hidroeléctrica Toro III empezó a operar en el 2013.
En criterio de la Auditoría del ICE, no hay evidencia de que el Instituto y Jasec velarán por la razonabilidad de los honorarios y de que se cumplieran los principios de contratación administrativa. Por ello, solicitó a la Gerencia General del ICE evaluar lo actuado por la Gerencia de Electricidad ante el BCR, pues fue esa dependencia la que instruyó la contratación directa de GIP.
“Dado que en el momento de la aprobación de los honorarios cotizados por la empresa GIP Ltda., no estaba claro la forma cómo se iba a financiar el fideicomiso, es evidente que no fue una decisión de los fideicomitentes aprobar pagar honorarios que incluían la realización de trabajos que no se tenía certeza de que la empresa tenga que realizarlos. Es criterio de esta Auditoría que la administración debió negociar diferentes tareas de honorarios las cuales se podrían categorizar según el tipo de financiamiento y las labores asociadas a realizar”, dice el informe AFIN/DGF/50-2012.
El Instituto alegó que GIP tenía experiencia probada y era idónea para la unidad ejecutora. Así lo reiteró a este medio el presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, quien insistió en que los honorarios son razonables porque equivalen a un 0,71% del costo de la obra.
Ya tenían a GIP. El ICE y Jasec escogieron al BCR como administrador del fideicomiso, entre otras razones, porque el otro banco oferente, el Banco Nacional (BN), consideraba innecesaria la contratación de una unidad ejecutora.
El BN estimó que tenía suficiente experiencia para encargarse de la ejecución y no solo de la administración del dinero.
Sin embargo, el ICE y Jasec alegaron que no era conveniente porque Jasec, desde el 2006, “contrató a la firma Gestión Integral de Proyectos (GIP) para el proceso de estructuración”. Así consta en un acta de la junta de adquisiciones del Instituto de mayo del 2007.
En aquella época, el actual presidente ejecutivo del ICE, Carlos Manuel Obregón, era el subgerente de Electricidad de la entidad y participaba en la junta de adquisiciones.
Obregón dijo que se escogió al BCR porque cobró menos honorarios que el BN.
Luego de pensionarse y antes de regresar al ICE, Obregón formó parte del comité de vigilancia de Toro III en el fideicomiso entre el 2012 y el 2014.
Alegó que no conoció el informe de auditoría que cuestionó los honorarios en ese momento, aunque los defiende. Este medio solicitó a GIP su versión. Sin embargo, al cierre de edición no se había recibido.