BCR pide a los diputados un plan de ley que permita iniciar construcción

Por: Aarón Sequeira 17 febrero, 2015
De prosperar las gestiones actuales, el nuevo edificio de oficinas de los diputados de la Asamblea Legislativa se levantaría sobre la sede actual, en una edificación de 170 metros de largo, por 25 de alto y 17 de ancho, para alojar al menos 57 oficinas. | JORGE NAVARRO
De prosperar las gestiones actuales, el nuevo edificio de oficinas de los diputados de la Asamblea Legislativa se levantaría sobre la sede actual, en una edificación de 170 metros de largo, por 25 de alto y 17 de ancho, para alojar al menos 57 oficinas. | JORGE NAVARRO

El Directorio legislativo explora la opción de construir el nuevo edificio para el Congreso, sin necesidad de tramitar los permisos que las leyes exigen a toda obra pública.

Por solicitud del Banco de Costa Rica (BCR), las autoridades del Congreso aprobaron, el 21 de enero, mandar una carta al director de Edificaciones Nacionales, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis González.

En la consulta, se le preguntó a González si “el Poder Legislativo se encuentra exento de la tramitación de la licencia para la construcción de diversas sedes, así también de todo trámite previo o prerrequisito”, tal como lo señala el artículo 75 de la Ley de Construcciones.

El director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, confirmó que la consulta ya se le envió al MOPT. El funcionario añadió que las preguntas ahora están en manos del ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, superior de la Dirección de Edificaciones Nacionales, quien aún no ha respondido.

“Yo hablé con mi homóloga del Poder Judicial (Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva) y ella me dijo que no eran necesarios”, aseguró Ayales.

Consultado por La Nación , el gerente de Banca de Inversión y Fideicomiso de Obra Pública del BCR, Roy Benamburg, respondió en un correo electrónico que desconoce si hay alguna gestión del Directorio para determinar la necesidad de tener permisos o no.

A pesar de ello, en el acta 40 del Directorio, se identifica a Benamburg como el promotor de la consulta, junto con Julio Cedeño, director de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP), para la construcción del edificio.

El gerente del Fideicomiso Asamblea Legislativa/BCR 2011 dijo que ya hay permiso para el inicio de las obras, tanto el de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), como un estudio del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

“En estos momentos, el BCR y la Asamblea se encuentran analizando las diferentes opciones que tienen para dar continuidad a la construcción del edificio”, dijo.

Permiso de ley. Para el BCR, una de las opciones para iniciar la construcción de una nueva sede legislativa es la aprobación de un proyecto de ley que establezca un permiso excepcional.

Esa iniciativa legal busca evadir la negativa del Centro para la Protección del Patrimonio al proyecto, de $76 millones.

El problema del proyecto de ley es que genera dudas entre diputados del Frente Amplio y del Partido Acción Ciudadana (PAC), quienes apoyan el criterio de Patrimonio sobre los efectos que tendría un edificio de 170 metros de largo, 25 de alto y 17 de ancho, que se levantaría por encima de las antiguas edificaciones.

La objeción de Patrimonio se anunció en febrero del 2014, precisamente porque el diseño planteaba que el edificio de oficinas de diputados estuviera por encima del inmueble principal y a un costado de la Casa Rosada, ambos con declaratoria de patrimonio arquitectónico.

Según Nidia Jiménez, del PAC, entre las dos agrupaciones, hay cerca de 15 legisladores en contra del diseño del edificio.

Plan en vilo. En diciembre pasado, el presidente del Congreso, Henry Mora, había asegurado públicamente que las obras de preconstrucción de la nueva sede se iniciarían en marzo.

Precisamente, el 18 de diciembre, el Directorio legislativo tomó un acuerdo para hacer una adenda al contrato de fideicomiso con el BCR, para que la mitad de las propiedades expropiadas sea parte también de la obra.

Mora enfatizó, hace dos meses, que la Sala Constitucional le dio al Congreso 18 meses para eliminar el hacinamiento de los funcionarios legislativos.