San José
59 años después de su traslado a la sede actual, la Asamblea Legislativa empezará el próximo mes las primeras obras para construir su nuevo edificio.
El director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, informó de que la Contraloría General de la República (CGR) autorizó el contrato para los movimientos de tierra y la construcción de los muros de contención en el terreno donde se construirá el nuevo edificio del Parlamento, en la cuadra ubicada al oeste de la sede actual, donde estuvieron la antigua biblioteca legislativa y el edificio Apartamentos Lahm.
La Contraloría, según Ayales, también avaló el acuerdo al que llegó la Asamblea con el diseñador del edificio, el arquitecto Javier Salinas, para recuperar los $690.000 (más de ¢392 millones) que se le pagaron por un primer diseño que no obtuvo el visto bueno en términos de conservación del patrimonio.
Salinas, según el pacto, deberá devolver la suma al Parlamento en abonos de $25.000 mensuales (¢14 millones).
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Superado ese escollo, los movimientos de tierra y la construcción de los muros de contención empezarán en marzo, mes en el que se cumple más de medio siglo desde que el presidente José Figueres Ferrer ordenó trasladar la Asamblea del espacio que hoy ocupa el Banco Central de Costa Rica (BCCR), frente a la antigua Plaza de la Artillería, a Cuesta de Moras.
La preparación del nuevo terreno costará ¢3.200 millones. Ayales informó de que entre lunes y martes de la semana entrante se le dará la orden al consorcio empresarial Rodio Traesa para que inicie el mes entrante con el proceso.
Esa firma se adjudicó la obra después de que la Contraloría resolvió una apelación de la licitación para el movimiento de tierra. En ese trámite, el órgano contralor consumió 45 días.
"El martes (14 de febrero) se resolvió y rechazó la apelación, con lo cual quedó ratificada la adjudicación y eso era exactamente lo que nosotros estábamos esperando. Hay que empezar demoliendo el edificio de la antigua biblioteca", explicó el funcionario.
Ayales estima que los movimientos de tierra y la construcción de los muros de contención durarán seis meses, por lo que la idea de la administración del Parlamento es publicar a finales de la semana entrante la licitación para la construcción de la nueva torre de 18 pisos.
Ese edificio albergará las oficinas de los 57 diputados, las salas de las comisiones legislativas y el salón de sesiones plenarias, además de las oficinas administrativas.
"Va en paralelo porque eso (la licitación del edificio) se lleva otros seis meses. Es decir, mientras se está trabajando en el terreno y los muros, se está con la licitación que es un tema muy complejo y en el que participarán cinco o seis empresas, que son las que hay en el país con capacidad para ese tipo de construcción. Ya está todo el proceso de selección y estamos privilegiando precio y tiempo de entrega. Esas son las cosas que se van a valorar con mucho énfasis para ver si recortamos tiempos y por supuesto que con costos razonables", amplió el director ejecutivo.
Si no hubiera ninguna apelación a los resultados de ese proceso licitatorio, el edificio se empezará a construir a principios de setiembre de este año.
En octubre del 2016, trascendió que la torre legislativa excederá en ¢13.500 millones el costo original de la nueva sede, que pactaron en el 2011 el parlamento y el Banco de Costa Rica (BCR). La inversión que se estimó en aquel momento fue de un máximo de ¢41.000 millones. Es decir, en total el costo de la obra alcanzaría más de ¢54.500 millones al final.
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Las noticias de avances en la construcción del edificio llegan tres meses después de que el Directorio legislativol entonces presidido por el liberacionista Antonio Álvarez Desanti, acordara continuar con el proyecto.
Entre las razones que citó la cúpula del Parlamento para no abandonar el plan, estuvo que el Instituto Nacional de Seguros (INS) se negó a renovar la póliza de incendio y terremoto para las actuales instalaciones del Congreso, así como tres órdenes de cierre sanitario giradas por el Ministerio de Salud contra los edificios legislativos y una sentencia de la Sala Constitucional que ordenó a los diputados implementar esas órdenes en el plazo de 18 meses.
Colaboró el periodista Aarón Sequeira.