EscucharLuego de 22 años de conflictos e incertidumbre, los artesanos de la calle 13 bis, al costado oeste de la plaza de la Democracia, en San José, finalmente saldrán de allí para trasladarse a un mercado de artesanía al costado sur del Parque de las Garantías Sociales.
A este acuerdo llegaron los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, por lo que archivaron el proyecto de ley impulsado por Casa Presidencial para darle la calle a los 88 artesanos que actualmente ocupan unas instalaciones improvisadas.
De esta forma, y de manera casi desapercibida, se puso punto final al debate que tantos años ha estado rebotando entre oficinas y pasillos del Congreso, la Municipalidad de San José y Casa Presidencial.
"Se hizo un proceso de negociación con la alcaldía, representantes de los artesanos y parte del proceso de negociación, inclusive, en su momento se participó Presidencia y se acordó el traslado al antiguo Frontón", explicó el diputado del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Franklin Corella, quien estaba a cargo de la coordinación de la subcomisión que analizó el tema.
"Al prosperar la negociación y mejorarse las condiciones, se llegó a la conclusión de que lo mejor era el traslado", agregó Corella. Ellos aceptaron las condiciones negociadas con la Municipalidad de San José para ocupar el nuevo resinto, dijo.
Los artesanos exigieron mejorar condiciones del nuevo mercado, entre las que se cuentan la mejora del tamaño de los espacios y la garantía de presencia de turistas en las nuevas instalaciones.
El Centro Municipal de Comercio Artesanal –que fue dado a conocer a la prensa en 2014– sería el nuevo hogar de los artesanos, con un espacio de 1.500 metros cuadrados y un costo superior a los ¢1.800 millones.
Esto frena un proceso de desalojo que se estaba articulando desde la Municipalidad de San José.
"En la última mesa de negociación existía el acuerdo, y el traslado sería voluntario siempre que se mejoraran las condiciones, añadió el oficialista.
Se intentó conocer el criterio de los artesanos, sin embargo, su único vocero, Juan Rodríguez Zamora, no contestó a las llamadas hechas a su teléfono, y otros vendedores contactados dijeron que solo él podría referirse al tema.
Por su parte, el alcalde de San José, Johnny Araya, afirmó que los diputados verificaron después de un informe solicitado a la Municipalidad que las obras que se están haciendo son para atender las inquietudes de los artesanos.
"Se está ampliando el área comercial, así como el tamaño de los módulos y se construyó un mezzanine para la instalación de la cafetería, todo esto bajo un acuerdo con una amplia mayoría de artesanos. Sin duda, son razones de peso para considerar que el nuevo mercado tiene condiciones para ser una verdadera solución", explicó Araya.
El conflicto se inició en 1995, cuando un acuerdo de la Municipalidad dio el permiso para que los artesanos no fueran objeto de persecusión de las autoridades municipales que sacaban de las calles josefinas a los vendedores ambulantes.
Los vendedores se mantuvieron allí por 12 años, hasta que en el 2007 se creó un plan entre la Municipalidad y el Poder Ejecutivo para trasladarlos a un nuevo mercado, que es el mismo que ha estado en construcción a un costado del parque de las Garantías Sociales, en el lugar donde se ubicaba el edificio conocido como el Frontón, de la Fuerza Pública.
En ese momento, la administración de Óscar Arias (2006-2010) planeaba la creación de un circuito cívico, que incluía la ampliación de un parqueo y la edificación de un museo contiguo a la Fundación Arias para la Paz y el Desarrollo Humano.
En ese momento el plan fue visto como un intento de la administración Arias para desalojarlos, y el entonces diputado, José Manuel Echandi, del Partido Unión Nacional (PUN), presentó un proyecto de ley que fue aprobado el 20 de julio del 2009, con votos del propio PLN, pese a la molestia de Arias.
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El 5 de agosto de ese año, Arias vetó el proyecto de ley que daba la calle 13 bis a los artesanos, al declararlo "inconveniente e inconstitucional".
Las tensiones continuaron, pero durante todo el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), los artesanos se quedaron en la calle 13 bis, hasta que en julio del 2014, el nuevo presidente, Luis Guillermo Solís, decidió eliminar el veto de Arias, y revivir la ley aprobada en el 2009, para permitir a los artesanos trabajar allí.
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Sin embargo, los diputados del PLN no tardaron en cuestionar el veto ante la Sala IV, y presentaron una acción de inconstitucionalidad, con lo cual se anuló el levantamiento del veto que hizo el presidente Solís, al señalar que la decisión de la Presidencia de permitir la aplicación de la ley que le daba la calle a los artesanos, se hizo de forma tardía.
Pese a ello, Casa Presidencial insistió en presentar un nuevo proyecto de ley, que es el que se archivó este miércoles, luego de ser cuestionado por un informe de la oficina de Servicios Técnicos del Congreso.
A las objeciones técnicas del proyecto, se sumó el proceso de negociación con los artesanos referido por el diputado Corella, y que terminó con la aceptación de traslado de parte de los artesanos.
