Juzgado Penal ordenó suspender al funcionario por tres meses mientras Fiscalía investiga

Por: Gerardo Ruiz R. 27 mayo
La Caja todavía no se ha pronunciado sobre las acciones que tomará después de que uno de sus empleados intentó estafar a un proveedor de la entidad al intentar cambiar un título valor que la empresa había dejado en depósito para participar, sin éxito, en una licitació pública.
La Caja todavía no se ha pronunciado sobre las acciones que tomará después de que uno de sus empleados intentó estafar a un proveedor de la entidad al intentar cambiar un título valor que la empresa había dejado en depósito para participar, sin éxito, en una licitació pública.

San José

Un funcionario de la CCSS, de apellidos Rivera Soto, fue arrestado en un banco cuando intentaba convertir en efectivo, por ¢103 millones, un certificado a plazo que un proveedor entregó a la institución como garantía de cumplimiento para concursar por un contrato público.

El hecho ocurrió el pasado 18 de mayo en la agencia de un banco público y el empleado era el encargado de custodiar las garantías que los proveedores entregaban a la subárea de Logística de la Dirección Financiera Contable de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El título valor pertenecía a la cooperativa Coopenae, que lo había entregado para participar en una licitación que la CCSS sacó, en noviembre del 2016, para contratar a un recaudador de las cuotas obrero-patronales.

Como Coopenae no ganó la licitación, le solicitó a la Caja la devolución de la garantía, la cual vencía el 21 de abril del 2017. Sin embargo, al parecer, funcionarios de la aseguradora social le respondieron al personal de la cooperativa que no encontraron el título valor. Así lo informó el Ministerio Público ante una consulta de este periódico.

El jueves 18 de mayo, la cooperativa recibió una alerta del banco, el cual le informó de que, en sus oficinas centrales, se pretendía cambiar el certificado entregado a la CCSS.

Según informó la Fiscalía, a la entidad bancaria primero llegaron dos hombres de apellidos Romero Ureña y Mena Hernández, ajenos a la CCSS, a tratar de hacer efectivo el certificado de inversión a plazo.

Ante la alerta, los sujetos fueron aislados por la seguridad interna del banco y, minutos después, se presentó el empleado de la Caja, Rivera Soto. Este último llegó a preguntar por las personas que se presentaron a cambiar el certificado. Posteriormente, los tres fueron detenidos por la policía y puestos a las órdenes de la Fiscalía de Fraudes.

La CCSS no había informado del hecho. Sin embargo, el asunto lo reveló Roberto Mora Salazar, el 24 de mayo pasado, en su blog "El Cobrador de la Caja", y lo confirmó este viernes la oficina de Prensa del Ministerio Público, a solicitud de La Nación.

Los tres sujetos ahora son investigados por el presunto delito de peculado. Según el Artículo 361 del Código Penal, comete ese delito el funcionario público "que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción, o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo" o que "emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella".

También incurren en esa falta los particulares, gerentes, administradores o apoderados de las organizaciones privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios, en cuanto a los bienes, servicios y fondos públicos que exploten, custodien, administren o posean por cualquier título o modalidad de gestión.

El delito de peculado se castiga con 3 a 12 años de prisión.

Hace una semana, el Ministerio Público pidió la suspensión del cargo del empleado Rivera Soto, así como la exigencia de que se presente a firmar una vez al mes. Las medidas cautelares fueron acogidas por el Juzgado Penal, que se las impuso durante tres meses, mientras avanza la investigación del presunto delito que cometió. El gerente financiero de la Caja, Gustavo Picado, informó a este medio de que a Rivera se le suspendió sin goce de salario.

Al sospechoso de apellidos Romero Ureña el Juzgado le dictó la prohibición de salir del país, mientras que a Mena Hernández le impuso la obligación de firmar cada mes, en ambos casos durante tres meses.

Por su parte, en su blog, Roberto Mora pidió a los jerarcas de la entidad autónoma que despidan al empleado Rivera Soto y le abran una investigación a su superior inmediato.

El gerente financiero de la Caja agregó que la entidad, una vez que se dio la detención, ordenó conformar un órgano de investigación preliminar para estudiar el caso a lo interno, además de una investigación que realiza la Auditoría.

Picado dijo que es la primera vez que en la Dirección Financiero Contable se da un caso de robo de un título valor de un proveedor.

"Dentro de las funciones que él (Rivera Soto) desempeña, él tiene la actividad (manejo de los títulos valores). Él podía ir a la sección de Caja y Custodia de ese tipo de certificados a nivel central, él tenía acceso a eso (...). Entre sus actividades ordinarias él tenía el manejo y administración de eso. El tema de fondo es lo que ocurre desde el momento en que extravía (el título) y finalmente aparece en una sucursal bancaria", comentó.

El gerente dijo que la investigación preliminar pretende indagar si en este caso se cumplieron los protocolos establecidos para el caso particular. Agregó que cuando se pierde un certificado, la Caja cuenta con mecanismos para detectar esa pérdida y para reponer el título a través del sistema bancario.