El Estado cuenta con pocas medidas para fiscalizar el trato que reciben los residentes de hogares de ancianos.
Ancianos carentes de familia o que, aunque tengan parientes, no reciben de ellos la atención y compañía necesarias: esta es la población que albergan 92 hogares privados que operan en todo el país. Allí residen 3.500 adultos mayores, según los registros del Ministerio de Salud.
Sobre ellos se ejercen controles acerca del uso de fondos y equipamiento, pero ninguno sobre metodología y trato a los ancianos. Esto depende de la gestión y la voluntad de los funcionarios de cada centro.
La preocupación surge, principalmente, ante eventuales situaciones de maltrato o abuso, explicó Zulema Villalta, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).
Según la funcionaria, el Estado cuenta con pocas medidas para fiscalizar el trato dado a los usuarios o residentes de los albergues, y menos aún para intervenir cuando se hace necesario. La única posibilidad es acudir a la vía judicial para que las autoridades lo investiguen.
"Nosotros llegamos hasta cierto nivel, pero si tenemos que intervenir, hay que pasar por un trámite tan largo que cuando lo logramos, la gente ya podría haberse muerto", dijo Villalta.
El Estado les entrega recursos a 74 establecimientos para que velen por un total de 2.224 personas. En el 2015, la inversión fue de ¢10.331 millones.
Si es Conapam el que se entera de las agresiones, la medida más extrema es sacar a los viejitos que el Estado subvenciona, y llevarlos a otro centro.
"No podemos hacer nada más que quitarles los fondos (...). La única salida que nos ofrece el ordenamiento jurídico es poner la denuncia. La impotencia es total y absoluta", reprochó Villalta, quien estimó que cada año reciben unas diez denuncias por maltrato en albergues.
En los últimos meses han salido a la luz por lo menos tres acciones policiales en centros para ancianos por supuesta agresión.
Uno de los casos, sería sometido a juicio este mes, pero fue trasladado para mayo del 2017, cuando se juzgará a una mujer de apellido Rodríguez por aparentes malos tratos en perjuicio de diez residentes de un hogar de ancianos en Escazú.
Por el momento, detalló la Fiscalía, la sospechosa tiene prohibido acercarse a las víctimas y testigos, mientras se determina si incurrió en abandono y violencia física y psicológica. Además de este, se conocieron dos hechos más en distintas comunidades de Cartago.
Otro caso se tramita en Pococí, donde la Fiscalía investiga a una mujer por presuntas agresiones contra residentes del Hogar de Ancianos en Guápiles. Mientras avanza el proceso, la imputada también tiene una medida cautelar que le impide acercarse a los ofendidos.
Labor
A pesar de esos casos, Villalta reconoció la valiosa labor que cumple la mayoría de los centros, algunos de los cuales tienen iniciativas propias para evitar situaciones irregulares. Por ejemplo, en el Hogar Jafeth Jiménez Morales, en Grecia de Alajuela, la principal apuesta es el personal, según manifiesta su administrador, Fran Hidalgo.
"Esta es la casa de ellos (los residentes); ellos son los jefes", dijo Hidalgo, quien explicó que los 70 miembros del equipo de trabajo reciben capacitaciones sobre la forma correcta de atender a los ancianos.
Una de las "jefas" a las que deben atender es a doña Berta Atencio, quien vivie en el albergue desde hace cuatro años. La anciana de 90 años cuenta que llegó ahí porque no hubo ningún familiar que la recibiera. Ahora, cuatro años después, asegura que al inicio fue difícil acostumbrarse, pero agradece la atención que recibe.
En el albergue Reina de los Ángeles, en Heredia, el protocolo interno indica que, ante sospechas de alguna anomalía, un especialista externo debe evaluar la situación, según explicó Francisco Varela, administrador del lugar.
Controles
Sobre el manejo de recursos, tanto Conapam como la Junta de Protección Social (JPS) exigen informes, lo mismo que otras instituciones que hacen aportes para ese fin.
Entre tanto, el Ministerio de Salud es el ente encargado de evaluar el funcionamiento de los hogares de ancianos, a partir de una guía que verifica aspectos sobre equipamiento, personal de atención, higiene y seguridad.
De acuerdo con Cleidy Monge, de la Unidad de Servicios de Salud de Atención Directa a las Personas, las visitas se hacen cada seis meses. Si hay anomalías, se procura que la administración del hogar haga las correcciones necesarias.
La decisión de cerrar, dijo, solamente se aplica en casos extremos, ya que de ser así, los ancianos tendrían que ser trasladados a otros lugares.
Para contar con más herramientas de inspección, Conapam, Salud, la Junta de Protección Social (JPS), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) preparan un sistema único de fiscalización y un modelo de atención con mayor enfoque en los usuarios, en el que los residentes participen más.
"Si tuviéramos comités de usuarios de adultos mayores, ellos, que son nuestra realidad y nuestra prioridad, nos dirían cómo podemos mejorar", manifestó la jerarca del Conapam.
El Consejo también reclama el 5% del presupuesto anual del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), en vez del 2% que se le asigna hoy.
La intención es darle más robustez al Conapam de cara al crecimiento de la población adulta mayor. De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el 2050, los mayores de 60 años representarán un 30% de la población; ahora son un 10%.
Esa tendencia implica una presión creciente sobre los sistemas de pensiones y de salud, y obliga a crear opciones de cuido.
Para la jerarca del Conapam, tales espacios deben crearse principalmente dentro de las familias o en casas comunitarias, donde un grupo de personas decida hacerse compañía.
"Los hogares (albergues) deben reservarse para los casos de abandono total, donde falló la sociedad y todo el mundo", agregó.
Según la experiencia de Fran Hidalgo, es urgente que el acogimiento familiar se fomente desde ya .
"Ahora hay abandono no solo porque no tienen redes de apoyo, sino porque sus familias deben salir a trabajar y el adulto mayor se queda como cuidandero, y si ya no sirve, solo le dejan la comidita ahí, y si no come, nadie se da cuenta", lamentó Hidalgo.
Entrevista
Para la presidenta del Conapam, Zulema Villalta, los hogares de ancianos han cumplido “medianamente” con su labor de atención.
¿En general, cómo califica los hogares de ancianos que operan en el país?
Según los estándares de un sistema tradicional, apoyado en el asistencialismo, no en el enfoque de derechos centrado en la persona, diríamos que han cumplido medianamente con los presupuestos de una atención digna.
"Y cuando digo medianamente, no es que quiero demeritar la atención que prestan los hogares de ancianos; es que ese modelo de atención ya está agotado".
¿Qué es lo que tienen que cambiar estos centros?
Debe haber comités de usuarios que puedan, con voz propia, decirle a la administración qué es lo que no les gusta, qué es lo que sí les gusta, quién es un agresor y quién los atiende bien.
"Es participación activa en los roles de atención de usuarios y sus familiares".
¿Cómo puede contribuir el Estado en la búsqueda de ese nuevo modelo?
Pagando lo que corresponde por la estancia de una persona adulta mayor, y exigiendo lo que se debe al estar bajo una norma de calidad (...). Cuando vamos centrados midiendo la calidad, vamos a tener un solo modelo al que nos vamos a amoldar todos y no como sucede ahora, donde cada hogar tiene su modelo.