Instituciones podrían planificar gastos a ejecutar durante varios años

Por: Aarón Sequeira 21 mayo, 2015
Otto Guevara, Johnny Leiva (atrás) y Rafael Ortiz, entre otros diputados, acompañaron a la contralora, Marta Acosta, al presentar la iniciativa para abrir espacio a planes de gastos plurianuales. | JORGE NAVARRO.
Otto Guevara, Johnny Leiva (atrás) y Rafael Ortiz, entre otros diputados, acompañaron a la contralora, Marta Acosta, al presentar la iniciativa para abrir espacio a planes de gastos plurianuales. | JORGE NAVARRO.

La reforma constitucional para flexibilizar la ejecución de los presupuestos llegó ayer a la Asamblea Legislativa con la firma de 54 de los 57 diputados.

La iniciativa fue presentada por la contralora general, Marta Acosta, y permite a las entidades públicas proponer planes de gastos por ejecutar durante varios años y no en uno solo, como sucede ahora.

La reforma también introduce la obligación constitucional de que la gestión pública se conduzca en forma sostenible, transparente y responsable.

Según lo expuesto por la Contraloría en la justificación de la propuesta, flexibilizar los presupuestos institucionales contribuye a corregir el comportamiento fiscal negativo en las entidades.

A criterio del ente contralor, las instituciones públicas corren para invertir la plata a su disposición antes de que termine el año, con tal de ejecutar la mayor cantidad de dinero posible, sin pensar en la sostenibilidad financiera del Gobierno.

La flexibilización de los presupuestos, hoy anuales, permitiría la utilización de los ahorros generados al final de programas y proyectos según un criterio más autónomo de parte de las instituciones y no en forma tan rígida como sucede ahora.

Marta Acosta explicó que la posibilidad de fijar proyectos a mediano plazo, o sea, tres, cuatro o cinco años, aumenta la capacidad de control sobre el gasto en forma general y particular, porque permite vigilar el proceso y los resultados, según los planes estratégicos institucionales.

Beneficios sociales. La contralora general destacó que el principio constitucional de la sostenibilidad fiscal es fundamental para asegurar los beneficios sociales que brinda el Estado a la gente.

“Nos preocupan el bienestar colectivo y la sostenibilidad financiera del Gobierno, que se pueda preservar el Estado social de derecho”, explicó Acosta.

Los niveles de déficit que arrastra el Presupuesto Nacional, que actualmente están en un 4,6% del producto interno bruto (PIB), han causado un desequilibrio financiero y crean el riesgo de que el sector público no tenga solvencia para funcionar.

Acosta explicó que, una vez aprobada la reforma constitucional, habría que hacer varios ajustes legales para la aplicación del principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal.

En cuanto a la presupuestación plurianual, ya existen normas que permiten disponer de los planes de gasto u operativos con plazo mayor a un año, según lo asegura la Contraloría.

El proyecto de ley propuesto por Acosta fue recibido por el presidente del Congreso, el socialcristiano Rafael Ortiz, en presencia de legisladores de seis de las nueve fracciones políticas.

Para Ortiz, el uso eficiente de los recursos públicos tiene un profundo sentido ético-político, por lo que confía en el apoyo de todos los legisladores al plan.