El bloque opositor acordó darle vía rápida a dos proyecto de ley para atenuar los costos de las pensiones y los salarios públicos

Por: Natasha Cambronero 1 mayo, 2016

La alianza opositora que se renovó este 1.° de mayo, dándole la presidencia del Congreso a Liberación Nacional (PLN), acordó darle vía rápida a dos proyectos de ley con 30 medidas de contención del gasto público.

El primero de esos dos planes reformaría los regímenes de pensiones del Gobierno, menos el del Magisterio Nacional, con el objetivo de poner topes a las jubilaciones, reducir sus alzas y hacer más rigurosos los requisitos para gozar de ese derecho.

El segundo introduciría medidas para racionalizar el gasto eliminando incentivos salariales y creando reglas fiscales para limitar la forma en que crece el Presupuesto Nacional del Gobierno central.

La fracción del PUSC anunció en conferencia de prensa los acuerdos del bloque opositor, que incluyen impulsar una agenda fiscal y el control del gasto público.
La fracción del PUSC anunció en conferencia de prensa los acuerdos del bloque opositor, que incluyen impulsar una agenda fiscal y el control del gasto público.

Este es el detalle de los proyectos:

Proyecto para ajustar las pensiones 19.992:

En el Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional:

1- Los montos de las jubilaciones ya no se calcularían con base en el 100% del promedio de los 12 mejores salarios de los últimos 24 meses, sino en el 80% de ese promedio.

2- El Poder Ejecutivo podría aumentar el porcentaje de cotización que aportan los pensionados de Gobierno hasta en un 18%; actualmente, el tope es del 9%. Los jubilados de estos regímenes aportan aún gozando de la pensión.

3- Los jubilados que tengan una pensión que supere 12 veces el salario base más bajo de la administración pública deberían contribuir, de forma solidaria, con un aporte adicional, el cual oscilará entre el 25% y el 75% del excedente sobre ese monto. Entre más alto sea el excedente, más alta sería la contribución

4- El monto de las pensiones únicamente se incrementará cuando el Poder Ejecutivo apruebe alzas en los salarios de los servicios públicos, con base en la inflación (indicador que mide el crecimiento o decrecimiento de los precios). No existiría la posibilidad de aumentos extraordinarios.

5- Sería sancionado hasta con tres años de prisión la persona que cobre la pensión de un jubilado después de su muerte o se apodere de una jubilación de forma indebida.

6- Cada dos años, y no de forma anual, el Ministerio de Trabajo realizará un estudio actuarial de los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.

7- El pensionado que resida fuera del país tendría que probar cada seis meses que está vivo.

8- Ninguna pensión podría superar el equivalente a 12 veces el salario base más bajo en la administración pública. Hoy, ese monto se define calculando cuatro veces el salario promedio base de los puestos protegidos por el Servicio Civil.

9- Se crearía un expediente administrativo para cada pensionado.

En la ley de pensiones de Hacienda:

10- Las pensiones de los Hacienda y exdiputados solo podrían ser heredadas por los hijos de hasta 25 años, siempre y cuando sean solteros y estén estudiando. Hoy, en cambio, tienen derecho de por vida los cónyuges y las hijas no casadas.

11- El monto de la pensión de Hacienda y exdiputados no podría superar la suma de 10 veces el salario base más bajo de la administración pública. Hoy, no existe tope, algunas alcanzan hasta ¢7,1 millones mensuales.

12- Estas pensiones dejarían de crecer un 30% cada año. Los ajustes se harían con base en la inflación.

En la Ley Orgánica del Poder Judicial:

13- El monto de la jubilación de los funcionarios judiciales se calcularía con base en los últimos 120 salarios en vez de los últimos 24 salarios

14- Ningún funcionario judicial podrá jubilarse antes de los 55 años. Hoy, pueden jubilarse con menor edad si tienen 30 años de labor en este poder de la República.

15- Ninguna jubilación en el Poder Judicial podrá exceder un monto equivalente a 12 veces el salario base más bajo pagado en ese poder de la República. Actualmente, hay montos mucho mayores, de varios millones de colones.

16- A los funcionarios judiciales que reciban una jubilación superior al tope se les retendrá entre el 25% y el 50% del excedente, dependiento de cuán grande sea esta.

Proyecto para la racionalización del gasto 19.923 (excluye al INS, ICE y bancos estatales):

17- La cesantía para todos los funcionarios públicos será de 8 años como máximo. Hoy, en algunas instituciones pagan hasta 20 años.

18- Las instituciones públicas deberían pagar los salarios de manera quincenal y no bisemanal.

19- La dedicación exclusiva solo sería para los funcionarios cuyas funciones sean sustantivas y diferenciadas de la gestión de apoyo de la institución. No podría ser superior al 50% del salario, hoy es un 65%. Solo se podría aplicar de forma anual y no es un derecho adquirido.

20- El porcentaje de empleados que reciban el pago por disponibilidad no podría superar el 20%. La compensación no puede ser superior al 15% del salario base.

21- El incentivo de anualidad, por desempeño, no podría ser superior al 1,94% del salario base. Hoy, en algunas instituciones, como la UCR, se paga un 5,5%. Además, se deberían incluir metas e indicadores cuantitativos en la evaluación de desempeño de los funcionarios públicos, de los cuales dependería el pago de la anualidad.

22- No podrían tener aumentos por arriba de la inflación los jerarcas y funcionarios públicos que reciban un salario superior a la suma de 18 veces el salario mínimo más bajo del sector privado.

23- Las convenciones colectivas caducarían nueve meses después que se concluya su vigencia. Hoy, no hay un plazo de caducidad, aunque sí existe un plazo de dos años que llama a renegociar. Superado ese plazo de nueve meses, sin que se concrete la nueva negociación, la convención colectiva cesaría y tendría que iniciarse un nuevo proceso de negociación. Hoy, en cambio, la convención siguen vigente si no se renegocia.

24- Los jerarcas de las instituciones públicas deberían denunciar sus convenciones colectivas.

25- Se crea una regla fiscal que impide que haya déficit primario (El déficit primario es la diferencia entre ingresos y gastos sin contar con los intereses que se pagan por la deuda pública).

26- El gasto primario del gobierno central, excluidos intereses, como máximo podrá crecer un 1% en términos reales.

27- Se implementaría una política de reducción del gasto hasta que la deuda pública sea como máxima del 40% del PIB. Actualmente, roza el 60%.

28- Se sancionará con una multa de hasta 30 salarios al funcionario que por negligencia no cumpla las obligaciones de esta ley.

29- Todas las compras públicas se deberían realizar por un sistema unificado digital.

30- Las dietas que reciben los miembros de las juntas directivas de las instituciones públicas que no están en competencia no aumentarían durante seis años.

El convenio fue suscrito por las agrupaciones Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario, Liberación Nacional (PLN), Renovación Costarricense, Restauración Nacional y Alianza Democrática Cristiana.

Las iniciativas que serán impulsadas fueron presentadas a principios de abril por diputados de seis de las nueve fracciones que conforman el Congreso:PUSC, Libertario, Renovación Costarricense, Restauración Nacional, Alianza Demócrata Cristiana y Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).

Los proyectos son una mezcla de varios planes que llevan meses o años en el Congreso y, con el acuerdo de este 1.° de mayo, serían tramitados mediante el artículo 208 bis del reglamento de la Asamblea Legislativa, el cual pone topes a los periodos de discusión de las mociones y por el fondo ya en el seno del plenario legislativo.

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