15 congresistas votaron en contra, principalmente del Frente Amplio y del PAC

Por: Aarón Sequeira 3 agosto, 2016
Ottón Solís, Marvin Atencio, Epsy Campbell y Marcela Guerrero, del PAC, estuvieron entre los 15 votos negativos a la moción para censurar al gobierno de Daniel Ortega.
Ottón Solís, Marvin Atencio, Epsy Campbell y Marcela Guerrero, del PAC, estuvieron entre los 15 votos negativos a la moción para censurar al gobierno de Daniel Ortega.

Por mayoría, la Asamblea Legislativa costarricense aprobó, este lunes, una moción para censurar al gobierno de Daniel Ortega por la destitución de 28 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua.

La moción, presentada por el jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas Rojas, recibió el apoyo de 28 legisladores, mientras que 15 votaron en contra.

Los votos negativos provinieron, principalmente, de legisladores del Frente Amplio y del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC).

Antes de la votación, el jefe de la fracción frenteamplista, Edgardo Araya, alegó que a su partido no se le presentó una copia de la propuesta, por lo que no pudo discutirla con tiempo.

Además del rechazo y de la censura, los diputados costarricenses acordaron solidarizarse con el pueblo de Nicaragua y con los legisladores de oposición "destituidos arbitrariamente". A la vez, proponen un proceso de diálogo entre las fuerzas políticas nicaragüenses.

La moción también incluye una "excitativa al Gobierno de la República de Costa Rica para que active todos los mecanismos internacionales y, en el ejercicio de sus competencias, promueva ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se adopten medidas tendientes a que el Gobierno de Nicaragua asegure la restitución del orden en el parlamento nicaragüense".

Asimismo, instaron a que se garantice la neutralidad y la independencia del Consejo Supremo Electoral, así como la imparcialidad en el proceso electoral de noviembre próximo, en el que Ortega es candidato presidencial y su esposa, Rosario Murillo, candidata a vicepresidenta por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Los costarricenses insisten en que se respeten los derechos políticos, el principio de división de poderes y los derechos constitucionales de la inmunidad parlamentaria, así como la libertad de expresión.

El jefe socialcristiano aseguró, en el plenario legislativo, que como democracia, la Asamblea costarricense "no puede guardar silencio ante los abusos de Daniel Ortega en contra de la democracia y el pueblo nicaragüense".

Una segunda moción, planteada por el liberacionista Rolando González, fue puesta a discusión; sin embargo, la sesión se levantó a las 5 p. m., tal como lo establece el Reglamento legislativo para las sesiones de los miércoles, y no pudo ser votada.

Esta moción del verdiblanco sí recibió la firma del jefe frenteamplista, Edgardo Araya.

Los 15 votos en contra de la moción fueron de los frenteamplistas José Ramírez, Edgardo Araya, Ligia Fallas, Carlos Hernández, Gerardo Vargas Varela, Suray Carrillo, Patricia Mora y Francisco Camacho, así como los oficialistas Laura Garro, Ottón Solís, Javier Cambronero, Emilia Molina, Marco Vinicio Redondo, Marcela Guerrero y Marvin Atencio.

Además de dicha propuesta, aprobada en el plenario legislativo, el congresista Carlos Arguedas, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó ante la Comisión de Relaciones Internacionales su renuncia al grupo parlamentario de amigos de la Asamblea Nacional de Nicaragua.

Según el parlamentario, los hechos que tienen lugar en Nicaragua son muestra de la perversidad con que se emplea la legalidad para conseguir una forzada legitimidad.

"Eso implica un menosprecio a los mecanismos de transparencia en el ejercicio del poder y manejo de recursos. Parte de los mecanismos más ágiles de ese sistema es reducir las cuotas electorales para que un candidato sea electo con cualquier mayoría", dijo Arguedas al dimitir de ese grupo parlamentario.

La moción de censura del Congreso costarricense es una respuesta a la destitución de los 28 legisladores de oposición del Partido Liberal Independiente (PLI), la segunda fuerza de la Asamblea nicaragüense, luego de que el Consejo Supremo Electoral le quitó la representación de ese partido a Eduardo Montealegre, coordinador de la principal alianza opositora a Ortega.

Tras quitarle la representación del PLI a Montealegre, el Consejo se la entregó a Pedro Reyes, jurista con una actividad política casi nula y quien es tildado como colaboracionista del oficialismo, o sea, aliado de Daniel Ortega.

Los 28 depuestos, 16 son propietarios y 12 suplentes, se negaron a seguir instrucciones de Reyes.

Todavía hay 20 diputados del PLI (8 propietarios y 12 suplentes) que no se han manifestado sobre seguir a Reyes o a Montealegre, por lo que no han sido depuestos.

La destitución se da a menos de cuatro meses de las elecciones del 6 de noviembre, en las que Ortega busca una tercera reelección consecutiva, sin la participación de la coalición liderada por el PLI.

Ese día, los nicaragüenses elegirán a un presidente, un vicepresidente, 90 diputados nacionales y otros 20 ante el Parlamento Centroamericano.

Los opositores consideran que los comicios, sin su participación, serán una "farsa" en la que Ortega se validará gracias a la complicidad del resto de partidos minoritarios que sí competirán con el sandinismo, favorito de la población según recientes sondeos.