Presidente de la Corte Suprema de Justicia pidió a jerarcas del Ejecutivo y el Legislativo apoyo para aumentar a dos años el plazo para que entre en vigencia esa ley

Por: Aarón Sequeira 6 septiembre
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, encabeza la marcha de los demás presidentes de los poderes del Estado, luego de sostener con ellos una reunión en la Corte Suprema de Justicia. Le siguen Carlos Chinchilla, jerarca del Poder Judicial; Gonzalo Ramírez, del Legislativo, y Luis Antonio Sobrado, del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, encabeza la marcha de los demás presidentes de los poderes del Estado, luego de sostener con ellos una reunión en la Corte Suprema de Justicia. Le siguen Carlos Chinchilla, jerarca del Poder Judicial; Gonzalo Ramírez, del Legislativo, y Luis Antonio Sobrado, del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Ante solicitud del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, los presidentes de los tres Poderes de la República acordaron tomar acciones para postergar la entrada en vigencia de la ley que crea tribunales especializados en delitos de crimen organizado.

De acuerdo con el magistrado presidente, el Poder Judicial necesita por los menos dos años para tener los recursos suficientes que le permitan crear la jurisdicción especializada.

El problema, explicó Chinchilla durante una conferencia de prensa posterior a la reunión de los presidentes, es que la iniciativa legal aprobada en el Congreso le da solamente 12 meses a la Corte para poner en funcionamiento dicha estructura.

El presidente de la Corte dijo que, como los magistrados no pueden hacer ni modificar las leyes, tienen que recurrir al Ejecutivo para proponer modificaciones como la que está solicitando, a pocos días de que el proyecto haya sido aprobado, en segundo debate, en la Asamblea Legislativa.

Ante la solicitud de la Corte, el presidente del Congreso, el diputado Gonzalo Ramírez, explicó que la mejor salida es modificar la ley recién aprobada y no detener el trámite que se venía dando con el proyecto de ley.

"Me alegra la aprobación en segundo debate de ese proyecto, el problema es que no hay contenido económico para su ejecución", explicó Chinchilla.

La iniciativa legal para crear los nuevos tribunales especializados en crimen organizado fue aprobada en segundo debate y definitivo el 3 de setiembre y recién pasó a los trámites finales para que el presidente de la República la firme y empiece a correr el plazo de vigencia, que son 12 meses.

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, aseguró que la idea de la Corte es bienvenida, a la vez que resaltó la importancia de esa iniciativa y otras relacionadas con el combate a la inseguridad.

No obstante, enfatizó que el primer vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas, está haciendo esfuerzos entre las instituciones para lograr mayores recortes en el Presupuesto Nacional del 2018, más que los ya solicitados antes de presentar el plan de gastos al Congreso.

"La idea ha sido muy bien recibida, cosa que agradezco, porque hay una comprensión muy amplia de las dificultades de los financiamientos y la necesidad de ser especialmente frugales en el uso de los recursos públicos y, desde ese punto de vista, la necesidad de asignarlos de manera selectiva y prioritaria", comentó Solís.

El presidente de la República añadió que hay una serie de obligaciones que deben atenderse, entre ellas las reformas al Código Procesal Laboral, Código Procesal Civil, los recursos para el Código de Familia, la Ley sobre Bienestar Animal y apuntó que esas obligaciones no se pueden desatender, "de ninguna manera".

En cuanto a la petición de recortes en el presupuesto del Poder Judicial, el magistrado Chinchilla aseguró que mejorar la oferta de recortes que le habían hecho al Ejecutivo, al punto de pasar de una propuesta para reducir los gastos previstos para el Poder Judicial de ¢2.045 millones a ¢6.000 millones.

Además, dijo el jerarca de la Corte que los recursos para la aplicación del Código de Familia no serán los ¢27.000 millones previstos, sino solamente ¢3.000 millones.

Las modificaciones presupuestarias a que se refirieron Chinchilla y Solís serían introducidas en el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el Ejercicio Económico 2018, que fue presentado en el Congreso el viernes pasado, por un monto de ¢9,3 billones, con un crecimiento del 3,2% con respecto al Presupuesto de este año.

Debido al inicio del trámite legislativo para ese plan de gastos, el presidente Solís explicó, durante la conferencia en la Corte, que Helio Fallas está en el proceso de presentar, durante estos días, los detalles de ese proyecto y negociando posibles reajustes para contener una serie de gastos, antes de que se apruebe definitivamente el plan, en noviembre.